El debate del soterramiento ha vuelto a cobrar protagonismo justo en el ecuador del mandato municipal y coincidiendo con la adjudicación de las obras del triple túnel de Labradores, uno de los previstos en la veintena de pasos del proyecto para mejorar la permeabilidad. La espita la abrió el grupo municipal del PP al cuestionar la legalidad del contrato de este paso, cuya firma definitiva se estampó este jueves, y apuntar que carece del informe de impacto ambiental y un estudio informativo. Los populares reiteran que acudirán a la vía judicial para parar esta obra, que consideran un error. Un aviso que también conlleva recuperar su defensa del proyecto del soterramiento, que dejaron de la lado en la constitución de la nueva Corporación en junio de 2019, porque la integración les parece,en líneas generales, una «chapuza».
En el carro de la defensa del soterramiento también está el grupo municipal de Vox, que esta semana presentó una moción en elPleno para renegociar el convenio que financia la integración y recuperar el consenso para soterrar las vías. Este partido defiende que es viable ejecutar un soterramiento similar al que estaba inicialmente previsto, de algo más de cinco kilómetros, incluida la estación Campo Grande, con coste inferior a los 200 millones de euros frente a la previsión de entre 176,5 y 207 millones de euros que asegura se gastará en los pasos subterráneos y en la ampliación de la terminal ferroviaria. Un proyecto que también apoya la Federación de Vecinos Conde Ansúrez, con el presidente de la asociación de Delicias a la cabeza.
Unos argumentos a los que se unió la propuesta del PP de que se estudien otras opciones para recuperar el proyecto del soterramiento. El equipo de Gobierno los considera engañosos y mantiene su apuesta por la integración ferroviaria. «Comparar con simpleza lo que es de naturaleza diferente solo puede deberse a la voluntad de crear confusión», defendió el concejal de Planeamiento, Manuel Saravia. En esta línea, el edil preguntó a los partidos que consideran una barrera el ferrocarril por qué no aplican el mismo planteamiento al río, además de reiterar que hay zonas «pobres» en ambos lados de la vía.
El rechazo a la moción deja en vía muerta el intento de los grupos de oposición, aunque Ciudadanos se abstuvo, de repescar el proyecto de soterrar las vías, salvo que se consiga paralizar por vía judicial el inicio de las obras de Labradores. Unos trabajos que deberán comenzar antes de un mes a contar desde la firma definitiva de este jueves.
constructores. Fuera del debate político también nuevas voces se han sumado esta semana al carro de soterrar. La Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción, Promoción Inmobiliaria y Afines (Aveco) ha pedido recuperar el proyecto. Aveco lanzó un manifiesto, tras el debate en el Pleno municipal, donde se suma a la reclamación de optar por soterrar las vías.
En el documento recuerdan que ya en 2017 lanzaron otro manifiesto para mostrarse contrarios al convenio para financiar la integración, que se podía resumir en: «El soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por la ciudad de Valladolid es un tren que no podemos perder». Una postura que mantienen cinco años después. Y recalcan que enterrar las vías no sólo servirá para mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos, crear empleo y dotar de infraestructuras necesarias la ciudad, al crearse una nueva gran arteria viaria que la atravesaría prácticamente de norte a sur, sino que mejoraría la imagen de la ciudad, haciéndola más moderna y sostenible, con el aporte de valor añadido que eso supondría, en beneficio del bien común. «Las vías del tren actualmente están dividiendo la ciudad no solo física sino, lo que es más importante, socialmente. ¿A quién le interesa que esto siga siendo así, nos preguntamos muchos hoy?».
Aveco apunta que si se consiguiera soterrar las vías, quedaría superada esta barrera social, sustituyéndola por un gran bulevar (tipo Plan Rogers, u otra solución similar), del que los primeros beneficiarios serían precisamente los habitantes de las zonas menos favorecidas y más castigadas por los efectos de la crisis económica, no sólo de la construcción, que aún perdura, sino de la pandémica.