La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, trasladó ayer la «voluntad» de la Junta de Castilla y León de mantener el apoyo a la Fundación Serla para que las organizaciones sindicales y la patronal «sigan desarrollando, en su seno las labores de mediación y arbitraje que les son propias». El respaldo económico de la Junta a este servicio ha sido continuado en el tiempo, con una aportación el pasado año de 773.378 euros incluyendo el sostenimiento de la Fundación y la asistencia técnica a Cecale, CCOO y UGT. No obstante, desde el Ejecutivo autonómico recordaron que la Fundación Serla es una de las entidades del sector público que está pendiente de las conclusiones de la comisión paritaria (PP y Cs) constituida para analizar la posible duplicidad de funciones, la necesidad y la viabilidad de un total de 16 entes públicos dependientes de la Junta de Castilla y León.
Ana Carlota Amigo, se reunió durante la jornada de ayer con el nuevo director de la Fundación Serla, Julio Cordero, con quien analizó la actividad que lleva a cabo el Servicio de Relaciones Laborales en Castilla y León. Amigo estuvo acompañada por el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, y por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Bartolomé, ambos vocales de la Fundación.
Julio Cordero González, según informa la Agencia Ical, es experto en prevención de riesgos laborales, derecho al trabajo y derechos sindicales. Durante los últimos años ha sido profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Salamanca, donde dirige la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León. Es además autor de numerosas publicaciones e investigaciones sobre esta materia. Su nombramiento como nuevo director general del Serla fue acordado por unanimidad en el seno de la Fundación el pasado 10 de octubre.
Organismo regional
La Fundación Servicio Regional Relaciones Laborales es un órgano extrajudicial, autónomo y paritario, formada a partes iguales por los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad que tiene como objetivo la solución extrajudicial de los conflictos laborales que se produzcan entre empresarios y trabajadores de Castilla y León, a través de la mediación, el arbitraje y la conciliación antes de llegar a la vía judicial.
En virtud del artículo 10 de sus estatutos, que prevé la participación de la Administración General de la Comunidad en su Fundación, la Junta de Castilla y León forma parte del Patronato desde su constitución en el año 1997, ofreciendo así respaldo económico e institucional del Ejecutivo autonómico para que empresas y trabajadores puedan resolver sus conflictos laborales de una forma más rápida y económica, evitando que tengan que acudir a la vía judicial, que dilata la resolución del conflicto y genera un mayor desgaste en las relaciones laborales, según explicaron desde la Junta.