El PGOU se «atasca» y vuelve al Pleno en enero

M.Rodríguez
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El Ayuntamiento ya aprobó provisionalmente la revisión en mayo, pero ahora se busca avalar el texto con una «mayor seguridad jurídica». Saravia habla de presiones de «anónimos» y del Colegio de Arquitectos

Vista general de Valladolid. - Foto: J.TAJES

Valladolid comenzará 2020 sin nuevo PGOU. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid lleva más de siete años en marcha -cinco desde que la reinició el actual equipo de Gobierno-, pero todavía no ha conseguido la aprobación definitiva de la Junta de Castilla y León. Y es que lo que debería haber sido un mero trámite, después de la aprobación provisional del pasado mes de mayo, se ha convertido en un culebrón entre administraciones, con ramificaciones a otros colectivos. 
En septiembre, la Consejería de Fomento envío un escrito al Consistorio donde se advertía de la necesidad de subsanar algunas «deficiencias» para conseguir el visto bueno, mientras que el equipo de Gobierno  apuntaba que eran «meras diferencias» de criterios. Unos problemas de los que informó El Día de Valladolid en octubre. Entonces, desde el área de Urbanismo se consideraba que esos cambios, en principio, podrían retrasar unas semanas la aprobación definitiva. Pero casi dos meses después  han aparecido nuevos protagonistas en escena que han alterado las previsiones municipales. 


Un nuevo escenario que ha motivado que el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, haya enviado una carta pública al secretario general de Fomento y Medio Ambiente y presidente del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Ángel Marinero donde le pide que «continúe con el proceso de aprobación sin más dilación» y no tenga en cuenta nueva documentación presentada cuestionando la «legalidad» de esta revisión.
Una misiva que refleja «presiones» de propietarios de terrenos afectados por los cambios de criterios urbanísticos. Saravia «rechaza» de plano la incorporación de lo que califica documentos «extemporáneos» y «fuera de los cauces reglamentarios» para pedir más edificabilidad en algunos sectores, menos cesiones de suelo al Ayuntamiento o suprimir algunas aperturas de nuevas calles. El concejal de Planeamiento entiende que no es procedente que se tenga en cuenta las peticiones que llegan desde asociaciones, en referencia directa al Colegio de Arquitectos, y otros agentes «anónimos». «¿Para que registran ahora estos documentos?», se pregunta.


Una apunte que ha motivado el enfado del Colegio, que tiene voto en el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del territorio, que es quien debe aprobar definitivamente el nuevo PGOU. Su presidente, Manuel Vecino, asegura que el informe que han remitido a la Junta obedece a «cuestiones técnicas y de procedimiento urbanístico». Desde la institución se niega su interés en favorecer a particulares, como apunta la carta, y reiteran que «la técnica urbanística municipal podría ser mejorable». Pero reconoce que la pretensión del informe  es que el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio «escuche» las advertencias de los técnicos de la ciudad para lograr «el mejor PGOU».


Informes. Unas «presiones» que desvela Saravia cuando los técnicos municipales están en «el último momento» de la tramitación de los cambios reclamados por la Junta. Pero que han motivado que se toma una decisión inédita y después de «múltiples informes» el equipo de Gobierno haya optado por llevar nuevamente al Pleno del 14 de enero «un documento completo y refundido». Esto implica más dilaciones en el proceso de aprobación,  y por tanto todavía siga vigente el anterior planeamiento, que se aprobó en 2003. ¿Y por qué vuelve tras la aprobación provisional de mayo? Saravia asegura que para dar «mayor seguridad jurídica» al proceso, aunque detalla que esta «documentación complementaria» ya ha pasado la criba de la Comisión de Patrimonio. Precisamente la Dirección General de Patrimonio de la Junta es la que «más exigencias» ha impuesto durante este proceso de revisión al Ayuntamiento. En 2017 los cambios obligados para preservar el patrimonio conllevaron un nuevo proceso de información pública y aprobación del documento, que se aprovechó para introducir todas las modificaciones relacionadas con el convenio de la integración en superficie.


Legalidad. En la carta que se ha conocido esta semana, Saravia advierte de que ante posibles desacuerdos con esta revisión del PGOU existe la posibilidad de «recursos posteriores (sobre parcelas concretas o temas concretos, o sobre el PGOU en su conjunto». Y es que en el trasfondo de los documentos remitidos a la Junta sobrevuelan dudas sobre si se garantiza el cumplimiento de la legalidad urbanística, la protección del patrimonio y del medio ambiente. Una exigencia que plantea en su escrito el Colegio de Arquitectos, pero también cuestión fundamental para Pilar del Olmo, presidenta del grupo Popular, que considera que es responsabilidad municipal. «La legalidad depende del Ayuntamiento, que es quien tiene que velar porque se cumpla». 
En este sentido, Saravia contesta que los temas de legalidad se han estudiado específicamente tanto por los jurídicos municipales, del Área de Urbanismo y de la Secretaría General, como por los propios servicios técnicos de la Consejería de Fomento. Y apunta que se han elaborado dos informes -de contenido técnico y jurídico-, en los que se hacen las observaciones pertinentes en algunos puntos y se avala la legalidad del resto de las propuestas. «El informe de legalidad lo cumple, como corresponde, la administración autonómica, y en este caso ya se ha manifestado», concreta.


En todo caso, reitera que posteriormente a la posible aprobación definitiva, caben recursos contra ella, «generales o referidos a piezas concretas». Un proceso al que se recurrió con la anterior revisión del PGOU, que acabó en los tribunales tras denunciar el grupo Socialista varias «manipulaciones» en el texto final. «Lo que ahora sucede difiere, en los primeros pasos, muy poco de lo que pasó entonces. A finales de 2003 se presentó un escrito fuera de plazo que derivó en parte de las manipulaciones del PGOU de 2004», recuerda.


Un argumento que no comparte Del Olmo, que asegura que el retraso en la aprobación definitiva del PGOU se debe «a la precipitación con la que se aprobó en mayo, unos días antes de las elecciones municipales». De hecho, Del Olmo exige que Saravia «asuma los errores» porque considera que él es el responsable. Y no comparte la decisión de llevar este documento al Pleno, sin saber el procedimiento por el que se va a optar. «No es lógico que eche la pelota al Pleno para que avale cosas de las que él mismo no está seguro», apunta.


Por contra, el concejal de Planeamiento defiende el procedimiento seguido en la tramitación del PGOU ha sido «riguroso», con dos exposiciones públicas y sendos periodos de alegaciones, que ya se han recogido, considerado e informado. Un argumento que le sirve para pedir a la Junta no tenga en cuenta las reclamaciones de los arquitectos y de un «documento anónimo». 
Una petición que ya tiene respuesta desde la Junta, donde aseguran que han recibido la carta «pidiendo que se mantenga la tramitación del procedimiento». Yapuntan que «es lo que harán porque no pueden hacer otra cosa que tramitar conforme a la ley».