La Audiencia Provincial de Valladolid condenó a un hombre a 22 meses de cárcel y a pagar más de 1,5 millones de euros por tres delitos de defraudación de Hacienda Pública entre 2014 y 2016. Además, en caso de impago de la multa o insolvencia, le impone un día de privación de libertad por cada 7.500 euros impagados.

De igual modo, la sentencia marca la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad Social durante un total de cuatro años y seis meses. La defensa del acusado, tras conocer el fallo, expresaron su decisión de no recurrir, según la sentencia recogida por Ical.

El acusado y varios familiares, que están fallecidos, venían operando desde 2006 en el sector de las teleoperadoras prestando servicios de tele-marketing a las grandes empresas de telefonía. Hasta 2013 lo hacen, bien directamente, mediante sociedades de su titularidad, bien indirectamente, mediante la subcontratación con otra sociedades o 'call center' domiciliadas en Perú, también de su titularidad.

A partir de 2013, sin embargo, crearon un grupo de sociedades que forman un entramado empresarial, con el único fin de "eludir el pago del IVA". De esa forma, entran a formar parte del mismo algunas de las sociedades de las que ya son titulares y nuevas sociedades, ya adquiridas al efecto, ya creadas ad hoc. De tal modo que "dejan de ingresar en concepto de cuota de IVA 531.988,07 euros en 2014, 1.509.787,69 euros en 2015, y 2.417.075,99 euros en 2016.