Los ayuntamientos no han tenido más remedio que apretarse el cinturón durante los últimos años debido a importante caída de ingresos directos e indirectos que han sufrido debido a la crisis económica. Pero además de la rebaja de los presupuestos, la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno en el año 2012 también condicionó la inversión, ya que los regidores se han tenido que acoger a la regla del techo de gasto que no les ha permitido, en la inmensa mayoría de las ocasiones, acometer proyectos de envergadura, aunque estuvieran dentro de sus planes políticos. 

Estas circunstancias han ocasionado que los ayuntamientos hayan dedicado todos los años una parte de sus presupuestos a la amortización de la deuda que en el pasado habían contraído con las entidades financieras, reduciéndola a mínimos históricos. La falta de crédito por parte de los bancos debido a los ajustes presupuestarios unida a la amortización de los préstamos existentes ha hecho que el dinero que se adeuda haya descendido hasta mínimos que no se conocían desde hace más de una década?. 

En concreto y según los últimos datos que maneja el Ministerio de Hacienda, este tipo de deuda de los municipios se ha reducido en un 40 por ciento durante los últimos diez años. En 2018, la cantidad era de 183 millones frente a los 111 al cierre del pasado ejercicio. Solo durante el último año, las corporaciones locales han amortizado algo más de dos millones. Si se estudian más pormenorizadamente los datos, se puede comprobar que los ayuntamientos se han empleado a fondo en tratar de eliminar la deuda en la medida de lo posible. Si se estudian los datos de 2012 se puede comprobar cómo en plena crisis, cuando entró en vigor la normativa del entonces ministro Cristóbal Montoro para controlar el gasto se debían 226.031.000 euros. Y de esa cantidad se ha llegado a los 111 que todavía estaban pendientes de cobro a finales de 2018, lo que supone una caída del 50,8 por ciento. 

Los consistorios han abandonado en sus presupuestos los proyectos que no fueran imprescindibles para el funcionario diario de las localidades durante los últimos años y se han decantado por cubrir los servicios sociales más básicos y amortizar esa deuda que tenían pendiente.

En este sentido, los regidores han lamentado en repetidas ocasiones durante este tiempo el hecho de que no hayan podido destinar partidas presupuestarias a cubrir algunas incitativas que consideraban necesarias y que no han podido afrontarlas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

Esta normativa no permite a los ayuntamientos gastar más allá de lo establecido con anterioridad y, en el caso de tener superávit únicamente pueden destinarlo a las denominadas ‘inversiones sostenibles’, es decir aquellas que luego no repercutan en su gasto corriente. No pueden afrontar proyectos que luego incrementen la partida de gastos en ejercicios posteriores, lo que ha limitado mucho la materia de inversiones. 

De esta forma, el número de municipios que han cancelado su deuda con las entidades financieras ha sido de 55. Es decir, mientras que en 2008 eran 118 los pueblos de la provincia que no tenían ningún tipo de préstamo con bancos y cajas de ahorro, diez años más tarde este número se ha elevado hasta lo 173. 55 localidades han tenido la oportunidad de amortizar el dinero pendiente en su totalidad y arrancar de cero sus cuentas sin ningún tipo ?de lastre económico. En este sentido, todavía son 52 los municipios, incluida la capital, que tienen pendiente todavía pagos, si bien es cierto que todos ellos han disminuido las cuantías que tienen pendientes. 

En el caso de la capital, es reseñable el volumen de amortización que se ha llevado a cabo en los últimos años. En el año 2008, el Consistorio de la ciudad tenía una deuda de 148.046.000 euros y ahora esa deuda se sitúa en 98 millones, 50 menos que hace diez años. Pero la situación todavía es más impactante si se tiene en cuenta que en el año 2012, el Consistorio vallisoletano tenía préstamos por valor de 179,7 millones de euros y desde entonces ha sido capaz de bajar esta cuantía en más de 80 millones. Aunque por volumen, la capital acapara prácticamente nueve de cada diez euros de deuda de la provincia, el ratio de la ciudad no es malo si se tiene en cuenta la deuda contraída por habitante, que se sitúa en 328 euros.

En el resto de municipios de la provincia ha ocurrido algo similar y poco a poco se va sufragando la deuda. Es el caso de Sardón de Duero, uno de los pueblos con mayor deuda por habitante. Ha pasado de que cada vecino de la localidad debiera una media de 334 euros para sufragar dos créditos que tenía pendientes el Consistorio y que solicitó para la construcción del polideportivo a los 277 actuales.

Deuda en la provincia.

La deuda de los pueblos es muy variada y oscila, por ejemplo, entre los cinco euros por vecino que deben los habitantes de Medina de Rioseco a los 820 que adeudan en el caso de Villarmentero de Esgueva. 

La deuda media para la provincia se sitúa en 213,7 euros por cada uno de los 519.851 habitantes de 2018, una cifra que representa un descenso de cuatro euros tan solo en el último año. Son muchos los ayuntamientos que han venido realizando amortizaciones totales o parciales de sus préstamos de forma anticipada en la provincia. 

Y no solo de los préstamos que tienen con las entidades financieras, sino que también con otros consistorios por la prestación de servicios relacionados con el pago a proveedores. Cabe recordar que en el 2010 se llegó a la cota más elevada de deuda con las entidades financieras. Entonces, según los datos del Ministerio de Hacienda, la suma era de 267.396.000 euros. Entre los ayuntamientos de los municipios más grandes son los que mayor deuda han contraído, como es el caso de Medina del Campo (3,4 millones de euros) o Tudela de Duero (1,4 millones), aunque llama la atención el hecho de que solo estos pueblos ya han bajado en más de 700.000 euros su deuda durante el último año.

El pueblo con mayor deuda por habitante en la provincia es Villarmentero de Esgueva, como ya sucediera un año antes, cuyos préstamos ascienden a 661 euros por cada uno de sus vecinos para un total de 68.000 euros. 

Debido a esta mejora de la situación, los alcaldes se han sumado prácticamente de forma conjunta a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la posibilidad de flexibilizar la regla de gasto, con el objetivo de que al menos una parte del superávit pueda ir destinado a otros proyectos o servicios.