La actividad del sector comercial vivió el año pasado pendiente de las negociaciones de su nuevo convenio colectivo. Un tira y afloja que no fue nada fácil, y que incluso estuvo a punto de derivar en una huelga en el sector. Pero finalmente UGT, CCOO y la Asociación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) llegaron a un acuerdo que para el periodo 2019-2021 que se plasmó en un documento remitido a la Oficina Territorial de Trabajo (OTT) el 25 de noviembre.
En condiciones normales el acuerdo habría tardado unos días en publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y, por ende, en entrar en vigor. Pero las semanas fueron pasando sin que ese trámite se cumpliera. Los trabajadores se encontraban en un limbo que legalmente les impedía, por ejemplo, beneficiarse de algunos acuerdos a los que habían llegado patronal y sindicatos de la cara a la campaña navideña, como acortar la jornada laboral hasta las 19.30 horas el 24 de diciembre y hasta las 18.30 horas el 31 de diciembre, un extremo que recoge el artículo 17 del nuevo convenio. Otra ventaja para los empleados que recogía el texto es que no podían trabajar «más de dos festivos o domingos consecutivos en los meses de diciembre y enero», una época de especial actividad porque en la campaña navideña se concentra buena parte de la facturación anual de estos negocios.
Las organizaciones sindicales y la patronal consultaron a la OTT, dependiente de la Consejería de Empleo e Industria, y la respuesta que obtuvieron es que había «falta de personal», un problema que se acentuó por coincidir tantos festivos en el periodo navideño.
Según ha podido saber este periódico, los problemas comenzaron cuando la persona encargada de realizar estas gestiones en la OTT solicitó su cese. Pese a tratarse de un puesto de libre designación, se abrió un proceso de selección para que se presentaran los aspirantes que lo consideraran oportuno y elegir al mejor candidato. Completado ese proceso, el convenio se publicó el pasado 5 de febrero en el BOP, 72 días después de su recepción.
Esta demora no supondrá mayor contratiempo para los trabajadores del sector, toda vez que las condiciones económicas recogidas en el convenio se aplican con carácter retroactivo, pero no desde el 1 de enero de 2019, sino desde el 1 de julio. Fue la única condición que impuso Avadeco para aceptar el acuerdo.
En todos los convenios, cuando patronal y sindicatos llegan a un acuerdo, se remite a la OTT a través de una aplicación informática. Una vez recibido, en este organismo se inicia un control de legalidad para que no haya ningún acuerdo que esté fuera de ley. En el caso de que todo esté correcto, se dicta una resolución para su inscripción y publicación y se manda al boletín que corresponda para que se publique.
Si se detecta alguna ilegalidad, de fondo o de forma, se realiza un requerimiento para su subsanación. Se suele dar un plazo de diez días, aunque este periodo es flexible en función de lo que se requiera. Después de las correcciones se realiza una nueva comprobación.
El nuevo convenio contempla subidas salariales del dos por ciento en 2019 y 2020 y del 1,8 por ciento en 2021. La intención inicial de Avadeco era que parte de ese incremento estuviera vinculado a la evolución del PIB de Castilla y León, pero finalmente renunció a ello. Además, el acuerdo avala una subida de los salarios más bajos durante el último año de vigencia. Pasarán a ser de 14.000 euros anuales, frente a los 12.600 actuales.