El Gobierno inaugura sus 'viernes sociales'

Benjamín López (SPC)
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A dos meses de las elecciones generales, el Consejo de Ministros vuelve a utilizar el decreto ley para ampliar los permisos de paternidad a ocho semanas y fijar un índice de precios en el alquiler de vivienda

A las puertas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva el martes próximo las Cortes, el Consejo de Ministros redobló ayer su ritmo de trabajo y aprobó dos decretos leyes de alto contenido social, uno de vivienda y otro de igualdad laboral entre hombres y mujeres. Este último incluye, como medida más llamativa, el aumento del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas. Se inauguran así, de aquí hasta el inicio oficial de la campaña, lo que el propio Gabinete bautizó como los viernes sociales.
La decisión de ampliar a ocho semanas el permiso por paternidad está incluida dentro del Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. Contempla además que vaya aumentando paulatinamente (a 12 semanas en 2020 y a 16 en 2021) con el objetivo de que dentro de dos años quede equiparado al de maternidad. Nuestro país, apuntó la vicepresidenta, Carmen Calvo, saldrá así del «furgón de cola» de la Unión Europea es este asunto. 
La norma también recoge una reforma del Estatuto de los trabajadores para reforzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. Para ello, se obliga a las empresas a tener un registro con los valores de los salarios de cada empleado, al que podrán acceder a través de su representación sindical o del delegado de personal.

El Gobierno amplía el permiso de paternidad a ocho semanas
El Gobierno amplía el permiso de paternidad a ocho semanas - Foto: Ángel Díaz
Además, se establece un plazo de tres años para que las compañías de más de 50 trabajadores elaboren y apliquen un plan de Igualdad, dos años para las de 100 a 150 y un año para las de 150 a 250. 
El otro decreto-ley aprobado, el de vivienda, incluye medidas respecto al alquiler. De esta manera, se elaborará de aquí a un plazo de ocho meses un índice estatal de referencia a las viviendas, que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y que servirá para tomar futuras medidas de «carácter fiscal», según explicó la número dos del Ejecutivo. No obstante, apuntó, este índice «en ningún caso» permitirá a las administraciones fijar precios máximos.