Uno de los recursos más demandados por los alcaldes del cinturón de Valladolid con la puesta en marcha de la Mancomunidad de Interés General (MIG) no es viable legalmente. Los regidores de los 25 municipios han solicitado en reiteradas ocasiones el aumento de la seguridad en sus localidades y demandado la creación de una Policía Metropolitana que actuara en toda la mancomunidad.
El Ayuntamiento de Valladolid elevó una consulta a la Junta de Castilla y León sobre la posibilidad de su puesta en marcha en el futuro, una vez constituida la MIG, y desde el Ejecutivo regional se remiten a la legislación vigente, que lo imposibilita. Una orden del Ministerio de Interior, del año 2010, estipula que la creación de una Policía común a dos o más municipios «se hará siempre y cuando no dispongan por separado de los medios suficientes para su puesta en marcha». También fija que las poblaciones de todos los pueblos interesados no podrán superar los 40.000 habitantes.
Esta circunstancia excluye a la nueva mancomunidad formada Valladolid y el alfoz. Aunque el alcalde de la capital, Óscar Puente, no descarta que en un futuro el área metropolitana pueda «compartir» una Policía Local. Una vía que reconoció que en la actualidad no contempla la Ley de Seguridad de Castilla y León, y que, por lo tanto, requiere una serie de modificaciones legales. Puente, como presidente de la asamblea de la Mancomunidad de Interés General, resaltó esta misma semana en el acto de constitución de la misma, que el objetivo de la agrupación es poner en marcha iniciativas para «compartir» servicios y políticas, «tan necesarios en una realidad como la de Valladolid, que trasciende más allá de su término municipal».
El alfoz pierde la batalla por la Policía MetropolitanaEn el caso de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de Policías Locales de Castilla y León, en su articulo 15 sí se recoge que los agentes de las policías locales «podrán actuar fuera del ámbito territorial de su municipio siempre que sean requeridos por la autoridad competente y siempre en situaciones de emergencia».
También contempla la posibilidad de «atender eventualmente las necesidades» de un determinado municipio «por tiempo determinado, en comisión de servicios, percibiendo las retribuciones e indemnizaciones que les correspondan». Este es el caso de los cuatro policías municipales de Valladolid que este año reforzaron el dispositivo de seguridad en la concentración motera Motauros gracias a un convenio firmado por ambos ayuntamientos, que contemplaba que Tordesillas asumía el coste del operativo.
Pero en todo caso serían convenios de colaboración puntuales para garantizar la seguridad de determinados eventos o sucesos y nunca la creación permanente de una policía con un ámbito de actuación en todo el área metropolitana, tal y como pretenden tanto Óscar Puente como muchos alcaldes del resto de los municipios.
basura. Por el momento, el único paso con efectos directos en los ciudadanos, que se ha dado por parte de la MIG, es la adquisición de camiones destinados a la recogida de basura. La Junta aportó una partida económica por valor de 1,6 millones de euros en el año 2018, que no se han destinado a gasto administrativo, sino a comprar estos vehículos para la Mancomunidad Tierras de Valladolid. «Pensábamos que era un buen servicio para los municipios», destacó en declaraciones a este periódico la edil de Medio Ambiente de Valladolid, María Sánchez.
Ahora, los municipios se centrarán, después del acto de esta semana para la aprobación del anteproyecto de estatutos de la Mancomunidad, en continuar con la constitución de la Mancomunidad de Interés General. Los plazos marcan que disponen de nueve meses desde la fecha de la constitución promotora, acto que tuvo lugar el pasado mes de diciembre. Se abre ahora el periodo de un mes para que la Junta y la Diputación hagan un informe favorable del anteproyecto de estatutos.
Este mismo pasará a exposición pública para que todas las personas o ayuntamientos puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas.? Ya en abril se procederá a la aprobación definitiva de los estatutos en una nueva reunión de la asamblea de los concejales, y en mayo concluirá el proceso con la ratificación en Pleno por parte de cada uno de los ayuntamientos. Una vez aprobado por todos los consistorios será el propio presidente de la MIG, Óscar Puente, el encargado de remitir a la Junta, la ratificación definitiva de los estatutos. El calendario marcado por el Consistorio vallisoletano contempla que antes de las elecciones del 26 de mayo esté todo el proceso concluido.
novedades. Todos los acuerdos de coordinación se han aprobado por unanimidad. «Hemos sabido dejar los colores políticos a un margen», aclara Sánchez. LA MIG se aprueba con carácter indefinido en el tiempo y los municipios han llegado a un acuerdo ambicioso donde se contemplan todos los ámbitos de actuación para futuras colaboraciones. «Aspiramos al máximo y según vaya funcionando se pueden ir sumando competencias», aclara Sánchez, quien pone de manifiesto que de momento se han centrado en la constitución de la Mancomunidad, y será después de las elecciones de mayo cuando se comience a hablar y a negociar sobre las necesidades de cada uno de los municipios. Eso implica que pueden llegar bien a acuerdos de forma conjunta entre todos los miembros o bien a acuerdos bilaterales entre la capital y un solo municipio.