El vertiginoso incremento de contagios provocado por la variante ómicron del coronavirus ha desbocado la incidencia a niveles inauditos hasta ahora en pandemia, pero afortunadamente también está comportando una menor incidencia clínica que la registrada en olas anteriores. Las muertes y los ingresos no crecen, ni mucho menos, al mismo ritmo. El escenario en las plantas hospitalarias y en las ucis ha cambiado radicalmente gracias a las vacunas y, posiblemente, a la más benigna mutación del virus. La pelea contra un virus que causa síntomas leves en la gran mayoría de infectados no puede seguir siendo igual en la segunda que en la sexta ola. Todo indica que los contagios seguirán creciendo exponencialmente durante los próximos días, por eso parecía más que lógico y pertinente que Gobierno y comunidades hayan acordado reducir la duración de la cuarentena de los contagiados de 10 a siete días. De lo contrario, corríamos otros riesgos. Más que por el aumento de los contagios, los hospitales y la atención primaria lanzan señales de riesgo de ahogamiento bajo este tsunami de bajas laborales de sanitarios. Y esto es trasladable a cualquier otro sector de actividad, aunque puedan preocupar más los esenciales y estratégicos. Ya lo estamos viendo con la cancelación de vuelos en todo el mundo porque el covid está diezmando las plantillas de las aerolíneas o las masivas supresiones de trenes de cercanías por positivos entre los maquinistas.

Países como EEUU, Reino Unido, Grecia o Italia también han acortado el periodo de cuarentena para los positivos asintomáticos, incluso hasta dejándolo en cinco días. Francia ya redujo el plazo a siete días en septiembre de 2020, antes incluso de la llegada de las vacunas. La ciencia ha demostrado que la transmisión del SARS-CoV-2 ocurre al poco de empezar la enfermedad, generalmente en el primer y segundo días anteriores al inicio de los síntomas y los dos o tres días posteriores. Se asume que al recortarse los aislamientos un pequeño porcentaje de infectados podría seguir contagiando y que cualquier relajación de medidas supone un incentivo para la transmisión comunitaria, sin embargo, se aplica como mal menor. Esta reducción no implica mandar a gente enferma al trabajo, solo delimita la duración del aislamiento, estando los pacientes sin síntomas. Aprender a convivir con el virus también es esto y no se puede quedar en un mero eslogan. Y, pese a que la inexplicada prudencia de los técnicos ministeriales lo desaconsejaba, ayer pudo más el consenso gubernamental con las comunidades autónomas. Algunas proponían bajar a cinco días y la Ponencia de Alertas puso pegas que aún no conocemos. Esta vez la avenencia política decreta siete y que España se adapte al nuevo contexto epidemiológico, sin poner en riesgo el equilibrio entre salud pública y crecimiento económico.