La adjudicación de obra pública en Castilla y León se incrementará este año hasta los 880 millones de euros, frente a los 747 millones con los que cerró 2020, lo que representa una subida del 17,8 por ciento, a la espera de la llegada de los fondos Next Generation de la Unión Europea, cuyos efectos no comenzarán a notarse hasta el segundo o tercer trimestre de 2022, según adelantó hoy el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, que lamentó el retraso en la tramitación de estas ayudas europeas por parte del Gobierno.

Pascual, que hoy presentó el balance en la Comunidad durante 2020 y las previsiones para 2021, tildó de “inexplicable” e “inaceptable” el retraso de la tramitación de estas ayudas europeas, a la vez que lamentó la mala gestión y la falta de transparencia del Gobierno, dado que todos los expertos coinciden en destacar que son la inyección que necesita la economía española para comenzar su recuperación. No obstante, aseguró que cuando estos fondos lleguen a España y a Castilla y León, la “economía chutará para arriba de forma contundente”.

La previsión de licitación alcanza este año los 1.160 millones de euros, frente a los 899 del pasado año, lo que supone una subida del 26,1 por ciento, mientras que la adjudicación pasará de 747 a 880 millones. De este montante, 420 milones corresponden a la Administración Central, 260 millones a la Junta y 200 a administraciones locales.

Dentro del Gobierno, el Ministerio de Movilidad Urbana, Transporte y Agenda Urbana volverá a concentrar casi el 80 por ciento de la inversión. Después se situarán Transición Ecológica y Agricultura, que en ambos casos superarán el siete por ciento.

En cuanto a la Junta, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se situará en cabeza con casi el 40 por ciento, por delante de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (19,7 por ciento) y Economía y Hacienda y Sanidad, que superan el 15 por ciento en ambos casos.

Por provincias, León será la más beneficiada en los tres casos, dado que las previsiones del Gobierno alcanzan los 200 millones, las de la Junta los 83 y la del conjunto de las administraciones locales 69 millones.

Balance

Por otra parte, en 2020 la licitación oficial dejó un acumulado de 899 millones de euros en Castilla y León, lo que supone una variación negativa del 19,6 por ciento con respecto a 2019, cuando se alcanzaron los 1.119 millones. La administración central acumuló 406 millones de euros, que suponen el 45 por ciento del total, con un caída del 21 por ciento. En el caso de la Junta el global llegó a los 273 millones, que supone el 30,4 por ciento, con un retroceso del 17,6 por ciento frente a 2019, mientras que las administraciones locales licitaron por valor de 220 millones, el 24,5 por ciento del total y con una caída del 19,5 por ciento.

Pascual resaltó que, a pesar del retroceso, la construcción tiene que hacer un balance positivo y considerarse como un “sector privilegiado” en comparación con otros donde los efectos del COVID han sido mucho más nefastos como la hostelería, el turismo o el comercio.

No obstante, Pascual lamentó que el grado de cumplimiento de la licitación continúe siendo una de las reivindicaciones historias de la Cámara de Contratistas, dado que el pasado año el nivel de incumplimiento de la obra licitada y no adjudicada fue del 34,2 por ciento. Así, de los 2.189 millones de euros previstos, se licitaron 899 millones y sólo se adjudicaron 747 millones. El grado de cumplimiento del Gobierno fue del 28,5 por ciento, de la Junta el 38,4 por ciento y de la administración local del 50,7 por ciento.

Enero-mayo

Mientras tanto, el avance provisional de los datos de licitación acumulados de enero al mes de mayo de este año suma un total de 512 millones de euros en Castilla y León, con una variación positiva del 18,9 por ciento respecto al mismo periodo del 2020.

La Administración central abrió obras por valor de 244 millones durante estos meses, el 48 por ciento del total licitado y una variación negativa del 5,8 por ciento. La Junta acumula 130 millones de euros y representa el 25 por ciento de la licitación en la comunidad. El incremento respecto al mismo periodo del 2020 es del 10,5 por ciento. Por su parte, la Administración local representa el 27 por ciento (138 millones) y presenta una variación positiva del 154,5 por ciento respecto al 2020.

En este sentido, Enrique Pascual aseguró que el Gobierno deberá justiciar como su licitación cae en la Comunidad casi un seis por ciento en los primeros cinco meses del año con relación a 2020, cuando la actividad económica se paralizó desde mediado de marzo por el estado de alarma.