La Funeraria Castellana de Valladolid ha denunciado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, el "daño irreversible" causado por la denominada "gran estafa de los ataúdes" cuando se cumple un año del "calvario" que comenzó el día 31 de enero de 2019 para los trabajadores de Funeraria Castellana y los miembros de la familia Morchón.
"De la noche a la mañana, agentes de la Policía judicial se presentaron en algunos domicilios y en las dependencias de las empresas para detener a más de una docena de ciudadanos, solo porque un antiguo compañero de trabajo puso de manifiesto una serie de disparates a los que se dio pábulo de manera incomprensible por ciertas Autoridades públicas, obviando que estaba condenado por extorsión y que todo lo ha hecho con el único afán de enriquecerse criminalmente", lamenta el texto emitido por la funeraria.
Asimismo, recuerda que "se acordó la prisión de varios miembros de la familia Morchón, mientras los periódicos y televisiones proclamaban a los cuatro vientos el descubrimiento de la 'gran estafa de los ataúdes'. Días después se detuvo a un nuevo miembro de la familia Morchón sin más razón que ser hija del dueño; se detuvo a otros diez trabajadores sin justificación; se tiró la Constitución a la basura por mor del utilitarismo".
Todo ello, lamenta la funeraria, "ha generado un daño irreversible tanto a las personas señaladas como a las empresas, no solo en su entorno social, sino también en el económico y laboral, que llevó a ejecutar un ERTE en una empresa que mantiene el empleo de un buen número de familias de la provincia".
Las mismas fuentes critican que "en un año y medio de investigación secreta (el 2 de agosto de 2017 se detuvo a Justo Martín y se incautaron documentos en su casa, el 19 de diciembre se abrieron las actuales Diligencias y el 16 de marzo de 2018 se acordó el secreto de estas), la Policía no hizo nada más que pasar al ordenador una lista de personas que se recogían en los documentos de Justo Martín y, en el procedimiento en el que se condenó a Justo Martín por extorsión, una comparación de la caligrafía de dos documentos".
"Así, con tan poco, se dio pie a toda la situación anterior", lamenta el comunicado, que también recuerda cómo, a fin de "atajar la injusta situación de los investigados, la defensa no ha tenido más remedio que intentar compensar la pasividad del cuerpo investigador".
Según recuerda el comunicado, "el 31 de enero de 2019, fecha de las detenciones, de las entradas y registro, se retiró toda la documentación de la empresa; se accedió a todos los correos electrónicos (decenas de miles) de la empresa; se terminó de inflar una causa contra la familia Morchón que, en realidad, no tiene fundamento alguno, lo que ha quedado demostrado a lo largo de la instrucción penal en 2019 con más de 20 testigos, 4 peritos, y las declaraciones de todos los investigados que han explicado con detalle que nada de lo que se cuenta es siquiera parecido a la realidad".
Junto a ello, agrega la Funeraria Castellana, un informe que pone de manifiesto más de 300 contradicciones en los documentos de Justo Martín ha sido ignorado por el Juzgado; el personal de las empresas aseguradoras declarando que "jamás un cliente puso de manifiesto ni una irregularidad en los servicios prestados", y las facturas de gas, que demuestran que "siempre ha habido una actividad normal de la funeraria".
"Nada es suficiente en este proceso de tintes kafkianos, pues difícil es que unos ciudadanos puedan defenderse de una nebulosa incriminatoria que en nunca se concreta", denuncian tanto los trabajadores como la familia Morchón.
"DEMORA GRAVE"
Desde entonces, la Policía y la Agencia Tributaria "no han presentado un solo informe", mientras las acusaciones, en actitud "pasiva" durante todo este tiempo, "miran al Fiscal para que lleve a cabo su trabajo y este solo ha solicitado el interrogatorio de personas que, al declarar, confirman la total inocencia de los investigados".
A juicio de la funeraria es "ya irrisorio" recordar que el material intervenido a Justo Martín en agosto de 2017 "no ha sido aún estudiado al completo por la Policía judicial, ni así tampoco la documentación incautada en la empresa hace un año, o que desde mayo están las defensas solicitando que se les deje estudiar por sí mismas todas las anotaciones y los archivos informáticos de Justo Martín".
La demora es "grave", alegan, al tiempo que critican que "no parece que las Autoridades que con tanta ligereza comparecieron ante los medios hace un año, vayan ahora a habilitar medios en la Fiscalía, Policía y la Agencia Tributaria para que esta investigación avance al ritmo de la dignidad humana y la presunción de inocencia que la familia Morchón y los trabajadores de la Funeraria exigen".