Las elecciones catalanas vuelven a vestirse de plebiscitarias desde la bancada secesionista. Lejos de deponer la actitud arrogante y sectaria mostrada por el fugado Carles Puigdemont y por el depuesto Quim Torra, tanto la burguesía nacionalista como los republicanos inciden en su mensaje monocorde: ruptura, enfrentamiento, rebelión... En frente, un nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que ayer se estrenaba en el rondo parlamentario y que tuvo que vérselas con quienes fueron los socios de Pedro Sánchez en la moción de censura a Mariano Rajoy, en la investidura y en la aprobación de los presupuestos. A Iceta, otrora docto en contar naciones dentro de España como quien repasa la lista de la compra, le tocó admitir que derrapó con saña cuando quiso llevar el federalismo socialista a los extremos y se posicionó a favor de una consulta sobre la secesión de Cataluña y la consecuente ruptura de España y de los españoles. Reconoció que un líder sensato, Alfredo Pérez Rubalcaba, le llamó a capítulo y le hizo ver lo obvio: que quienes pretenden destazar el país para imponer un gobierno omnímodo en la parte resultante no negocian nada que no sea su propio interés. Ni ceden, ni retroceden. Por eso, cada paso atrás del Gobierno es un avance para el ultranacionalismo catalán.

Hay incógnitas por resolver en este regreso a las urnas. Saber dónde irá a parar la estéril mayoría cosechada por Ciudadanos en 2018, por ejemplo. Conocer si el torticero 'efecto Illa' existe o no. Ver si es VOX quien manda en la derecha o el PP es capaz de levantarse de su suelo histórico... Pero, sobre todo, está por ver si el nacionalismo logra un voto más que el 'constitucionalismo', aspiración que persigue con la determinación de un jabalí para legitimar la unilateralidad, que en esta ocasión tiene viento de cola porque el Gobierno de España está parlamentariamente sometido a quienes tiene que enfrentar abiertamente en estos comicios.

La prueba de que el funambulismo de los socialistas puede mover el cable en el peor momento es la concesión del tercer grado a los políticos condenados por sedición. La fiscal general del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado, admitía ayer en Onda Cero que ni siquiera han recibido la comunicación del Departamento de Justicia catalán para poder estudiar su recurso y alinearse con el Supremo, que en diciembre revocó la misma maniobra ejecutada por un gobierno que tiene transferidas las competencias en materia de Instituciones Penitenciarias, si bien proyecta la imagen de ejercerlas a conveniencia política. Dijo Iceta ayer que su lema de armas sería 'nacido para pactar'. Esperemos que no se quede en 'nombrado para perder'.