Junta de Castilla y León y organizaciones ecologistas siguen enfrentadas por la subasta de caza de 12 lobos en la sierra de la Culebra(Zamora). Mientras que WWF asegura que es «ilegal» y baraja denunciar al Ejecutivo autonómico si lleva a cabo la puja, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente aseguraron que la subasta de lobos se enmarca en la normativa actual. Tal y como informa Ical, el departamento que dirige JuanCarlos Suárez-Quiñones, manifiesta que la subasta de doce lobos en la Sierra de la Culebra se basa en la normativa actual, la Estrategia de Gestión y Conservación del Lobo, aprobada en 2005, a través de la de que se determina una cifra en las comunidades loberas. «La ley es la que es. En Castilla y León no se ha prohibido cazar el lobo», señalaron desde la Administración autonómica, quienes añadieron que la subasta, como otras, está prevista «porque el lobo está haciendo mucho daño a la ganadería», pero también a fauna como la cabra montés, en Gredos, por el incremento de su censo. Este aumento importante de lobos ha provocado que en los últimos años el sector agroganadero y la propia Junta estén ordenando su control poblacional, siempre en base a la normativa actual.

Todo después de que WWF haya insistido a la Junta en su petición de que suspenda la subasta de caza de una docena de lobos en la Sierra de la Culebra y advierta de que baraja denunciar al Ejecutivo ante la Fiscalía de Medio Ambiente si no lo hace. La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, reitera su petición de suspender la subasta para cazar los que ha denominado ‘los últimos doce lobos de España’ ya que, a su juicio, se está «a puertas» de la inclusión del lobo en el LESPRE. Así, la organización ha enviado una carta a la Junta para alertar de que la celebración de dicha subasta «puede tener repercusiones legales», puesto que se pretende subastar unos derechos de caza «sabiendo que no se van a poder ejercer» porque la especie dejará de ser cinegética en las «próximas semanas», cuando se incluya en el LESPRE, aunque el Gobierno central ha planteado que dejará la decisión para finales de año. 

La subasta puede llegar hasta los 7.000 euros por trofeo, en una puja con cantidades de partida de cerca de 3.600, a los que hay que añadir el precio del cobro de la pieza que se abona al matar al animal, que es de 2.500 euros, según WWF.