Menos empleo, menos ocupados y menos población activa nos llevan inevitablemente a más parados. Las cifras que pone sobre la mesa la Encuesta de Población Activa (EPA) conocida esta semana reflejan una realidad que más o menos todo el mundo en la calle presumía. El último año ha sido demoledor para la economía y especialmente para la situación laboral de miles de personas que se han visto afectadas por la pandemia como un daño colateral. Valladolid ha incrementado el desempleo un 23,4 por ciento en los doce meses que toda la sociedad lleva sufriendo los efectos de la covid-19, el porcentaje más alto de toda la Comunidad con gran diferencia, a excepción de Salamanca (-22,9) muy afectada por la paralización de la actividad en el sector servicios. 30.000 parados (5.700 más que en marzo de 2020), 218.300 ocupados (12.000 menos) y una población activa de 248.800 personas (5.800 menos) son datos preocupantes si tenemos en cuenta que a ellos se suman los miles de trabajadores que se encuentran aún en ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) y que podrían acabar en un ERE cuando finalicen las ayudas de las administraciones públicas.
La fotografía del mercado laboral que nos ha mostrado la EPA asusta. Aunque esperada, la situación es preocupante por el destrozo que ha hecho la pandemia en la economía doméstica y empresarial, especialmente en algunos sectores relacionados con la hostelería, la restauración o el turismo. No obstante, hecho el balance es el momento de mirar hacia adelante y coger impulso después de tocar suelo. Una vez que la campaña de vacunación ya está dando sus frutos y el porcentaje de inmunizados crece de forma imparable, a la vez que la cuarta ola parece no despegar y por lo tanto sujetamos la incidencia del virus, llega la hora de poner toda la carne en el asador, de reactivar la economía con todos los medios disponibles, incluyendo los millonarios fondos europeos anunciados a bombo y platillo por el Gobierno Sánchez. La Comunidad de Madrid, más allá de las polémicas de Díaz Ayuso, puede servir de ejemplo en algunas políticas, pues su ritmo de bajada del paro es seis veces superior a la media española.
La reapertura de la hostelería, el reinicio del turismo con el final del cierre perimetral y una mayor confianza ciudadana que reactive el consumo serán factores decisivos a la hora de impulsar la economía y volver a la senda positiva del mercado laboral. Para ello, las administraciones públicas deben comprometerse a continuar e incrementar las ayudas a autónomos y pequeñas y medianas empresas que mantienen aún sus trabajadores en ERTE porque ello garantizará su continuidad e impedirá que muchos de esos contratos se extingan a través de un ERE en cuanto tengan que reincorporarse a su puesto y finalicen las ayudas públicas.La EPA ha marcado un 12,08 por ciento de parados en la provincia vallisoletana a finales del primer trimestre, que en términos laborales suele ser el peor del año, por lo que Gobierno, Junta de Castilla y León y ayuntamientos deben colaborar en el impulso para reducir al máximo el número de desempleados en la provincia. El reto es grande y complicado, pero con ello nos jugamos el futuro de miles de ciudadanos y sus familias y la estructura productiva de toda una sociedad.
Precisamente, esta crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica debería servir para cambiar un modelo productivo caduco y muy expuesto a circunstancias coyunturales, aunque ello debe ser promovido desde el Gobierno central con una decidida política económica que marque sectores prioritarios y ayude a transformar los sectores con poco valor añadido y personal menos cualificado. Más empleo y de calidad, es una reivindicación sindical que debemos hacer propia y que requiere trabajo y esfuerzo por parte de todas las partes para acometer una reforma laboral que lo haga posible.