El Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que se reunió ayer en Valladolid después de tres años sin hacerlo, no consiguió cerrar algún acuerdo para desbloquear la situación de asfixia económica en la que se encuentra actualmente y poder refinanciar el crédito de 400 millones que se pidió para ejecutar el proyecto del soterramiento.
La tensa reunión de ayer tendrá un segundo capítulo el próximo jueves 25 de febrero, pero vistas las valoraciones de los tres socios -Ministerio de Fomento, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento- el acuerdo no parece fácil. Así lo reconoció el secretario de Estado en funciones de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, que tildó la situación financiera de la sociedad de «muy delicada» y apostó por abrir «un periodo de análisis y de dimensionamiento de los distintos objetivos y también de la financiación».
Eso sí, el Ministerio de Fomento como socio mayoritario de la sociedad, con una participación del 50 por ciento, rechazó la reclamación del Ayuntamiento de Valladolid para que Renfe y Adif paguen una deuda de 311 millones con la sociedad. Estas cantidades se derivan, según los cálculos municipales, del cumplimiento del convenio firmado por los socios en 2002, pero también como compensación por la obtención de las obras que ya se han ejecutado, como las vías de alta velocidad o el nuevo centro de talleres de Renfe, explicó el alcalde.
«No hay tal deuda. La sociedad tiene deudas, derechos, créditos, intereses, etc... Y la participación en esas obligaciones es en función de la participación de cada socio. En tanto en cuanto no se modifiquen los términos de la sociedad y del convenio estas son las reglas que obligan a los socios», reiteró Gómez-Pomar.
En la reunión tampoco se aprobó la propuesta municipal para refinanciar el pago de 125 millones correspondientes a la primera letra del crédito de 400 millones que ahoga a la sociedad y para negociar con las entidades bancarias la ampliación del periodo de carencia total en dos años en el pago de los préstamos.
Con este panorama, los socios de la sociedad -Fomento, Junta y Ayuntamiento- tienen poco más de una semana para buscar «alguna posibilidad» para desbloquear las cuentas de la sociedad. Esta situación provoca que actualmente ni siquiera se pueda disponer de 15 millones que la sociedad tiene en sus cuentas y de no solucionarse no se descarta llegar a una solución extrema: la liquidación. «A fecha de hoy nos vamos a dar el plazo de una semana para ver si somos capaces de reestructurar los compromisos financieros de la sociedad», concluyó el secretario de Estado en funciones.