El PSOE y Unidas Podemos han acordado desbloquear la tramitación en el Congreso de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, después de que este lunes la formación morada reclamara acabar con la sucesión de prórrogas al trámite de enmiendas y que mantenía congelada la iniciativas en la Cámara. Así lo asegura el grupo morado, aunque desde el PSOE no lo confirman.

Fuentes de la formación liderada por Pablo Iglesias han explicado a Europa Press que el consenso se ha alcanzado horas después de que Unidas Podemos hiciera pública su intención de llegar a la Mesa del Congreso la exigencia del cierre definitivo del plazo de enmiendas, ya que lleva 33 prórrogas desde septiembre del pasado año.

Los dos partidos del Gobierno, según las citadas fuentes, han acordado poner fin a esta situación la próxima semana, previsiblemente el próximo 2 de junio, que será ya el último día para que los grupos presenten enmiendas. A partir de ahí se reactivara la tramitación y podrá reunirse la ponencia y la comisión para su aprobación.

Desde el PSOE, en cambio, no confirman ese acuerdo ni ponen fechas para desbloquear la tramitación, y se limitan a decir que seguirán "trabajando para mejorar el texto" del proyecto".

La negociación discreta no funcionó

La formación morada se había quejado de que los intentos por negociar "discretamente" cambios en la futura ley resultaron infructuosos y que por ello habían decidido airear sus discrepancias y exigir el final del bloqueo, "desde la máxima lealtad y el convencimiento de que se llegarán a acuerdos positivos".

Tras sellarse el acuerdo, fuentes de Unidas Podemos han subrayado que poner fin a las prórrogas es una "buena noticia para los cientos de miles de familias que están esperando el Ingreso Mínimo Vital", dado que permitirá abordar mejoras en la futura normativa.

Unidas Podemos sostiene que el Ingreso Mínimo Vital, con su actual diseño del decreto ley de hace un año, presenta un "mal funcionamiento" porque sólo está llegando a una cuarta parte de las familias destinatarias estimadas inicialmente.

Por ello, llegó a presentar en febrero sus propias enmiendas a la ley del Gobierno de coalición y desde la formación morada se responsabilizó de esas deficiencias al Ministerio de Inclusión Social de José Luis Escrivá, de la cuota socialista del Gobierno.

El propio portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, calificó en marzo de "inaceptable" que el Ingreso Mínimo Vital funcione "mal" al primar en su despliegue, en contra del criterio de su espacio político, "la burocracia sobre los derechos de la gente más vulnerable".

Para mejorar el desarrollo de esta prestación, el socio minoritario en el Gobierno de coalición elaboró una docena de enmiendas con vistas a mejorar la futura normativa de "enorme importancia", por ser el Ingreso Mínimo Vital "la última red de seguridad para las personas más vulnerables".

Los cambios que reclama Podemos

De esta forma, los cambios que promueve Unidas Podemos recogen medidas para incluir entre los beneficiarios a aquellas personas que entran en una situación de vulnerabilidad durante el propio ejercicio, así como para que no computen para el acceso al IMV las ayudas por situación de dependencia ni tampoco, cuando no se estén cobrando, las prestaciones ni subsidios por desempleo.

Del mismo modo, proponen extender las ayudas de forma excepcional a toda persona que tenga reconocida una renta mínima a 31 de diciembre de 2020; que se reduzca el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años para las personas de menos de 30 años; e introduce en el Proyecto de Ley excepciones para colectivos con mayor probabilidad de exclusión social.

Para evitar la exclusión de colectivos vulnerables que puedan estar en situación irregular, Unidas Podemos pide, además, eliminar la obligación de acreditar una residencia legal, continuada e ininterrumpida de al menos un año en España para aquellas personas solicitantes de protección internacional, españoles emigrados retornados, personas menores que viven en hogares en situación irregular, víctimas de trata o víctimas de violencia de género.

En la misma línea, propone para ser considerado integrante de una unidad de convivencia bastará con acreditar la residencia efectiva y continuada en el caso de estos colectivos.

Otra enmienda demanda que se asegura el acceso al IMV de las personas que han estado bajo la tutela del sistema público de protección de menores y deben abandonarlo por cumplir la mayoría de edad quedando desamparados.