Las obras del triple paso de Labradores es la nueva arma arrojadiza entre la oposición y el equipo de Gobierno. Esta infraestructura, uno de los grandes pasos del proyecto de integración para salvar las vías del tren, deberían empezar antes del 4 de julio. Este es el plazo que el Grupo Marco Infraestructuras, empresa concesionaria, tiene para iniciar unos trabajos que cuentan con presupuesto de 14,3 millones de euros, por debajo del precio de salida de más de 20, y una plazo de ejecución de 20 meses. Aunque el Partido Popular ya ha anunciado su intención de paralizarlos por considera que no se ajustan a la legalidad.
Unas acusaciones que se volvieron a repetir en el debate sobre el estado de la ciudad. El alcalde rechazó esta premisa y anunció que el inicio de las obras es «inminente». Pero los ‘populares’ presentaron el pasado lunes un recurso en el Ayuntamiento y en la sociedad Valladolid Alta Velocidad por entender que existe una «vulneración del procedimiento». En el mismo piden que se incorporen al estudio informativo del Ministerio de Fomento sobre la integración ferroviaria en la capita, las soluciones de permeabilidad y los pasos inferiores proyectados porque «ahora carecen de estudio informativo que las amparen y también de impacto ambiental».
Este recurso, que según apuntan fuentes del PP debe responderse en 10 días, y que es el paso previo para recurrir al Contencioso-Administrativo y pedir la paralización cautelar de la obra. Aunque la posición del Ayuntamiento la dejó clara el alcalde, Óscar Puente, que reiteró que este paso «cambiará» la movilidad y que «el nuevo Valladolid» se abrirá paso de forma inmediata
Los ‘populares’ también han llevado al Congreso de los Diputados su cuestionamiento de estas obras. El diputado Eduardo Carazo preguntó este miércoles en la Comisión de Transporte por qué se licitaron y adjudicaron las obras del túnel de Labradores sin el estudio informativo previo preceptivo, en la línea de la denuncia de sus compañeros.
Unas acusaciones que rechazó el alto cargo del Ministerio, que reiteró que el estudio informativo «no es necesario» porque se trata de una obra urbana, que no es del ámbito ferroviario «al no conllevar actuaciones sobre la vía o la supresión de un paso a nivel». De hecho, reiteró que ninguna actuación del proyecto de integración lo necesitará. También remarcó que el estudio que actualmente está en exposición pública ya está ajustado al nuevo planteamiento, y calificó el proyecto del soterramiento de «desastre».