El borrador del anteproyecto de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene un apartado que ha puesto en pie de guerra a las estaciones de servicio. El Ejecutivo central tiene previsto obligar a algunas gasolineras a instalar puntos de recarga para los coches eléctricos. Una medida que va encaminada a facilitar la transición hacia una movilidad más sostenible y, al mismo tiempo, fomentar las ventas de unos vehículos que hasta ahora se han visto lastradas, en parte, por la falta de infraestructuras para utilizarlos.

El texto del borrador dice que se tendrán en cuenta los datos de venta de gasolina y gasóleo de 2017. Así, las que hayan dispensado más de diez millones de litros dispondrán de un plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la Ley para presentar el proyecto de instalación y, posteriormente, otro año para la instalación de «infraestructuras de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 22 kW». Además, se especifica que esa energía deberá tener «garantía de origen renovable». Para las gasolineras que vendan entre cinco y diez millones de litros, el plazo de presentación del proyecto será de 15 meses, en lugar de nueve. Por último, si en alguna «provincia, ciudad autónoma o isla» no hubiera ninguna gasolinera que superara ese volumen, se ordenará de mayor a menor las que más vendan en ese territorio y la obligación pasará a las que «conjunta o individualmente alcancen al menos el diez por ciento de las ventas anuales» en esas áreas geográficas.

El borrador de la Ley especifica que estarán exentas de esta obligación las gasolineras cuyos «accesos y espacios sean insuficientes, por razones de seguridad conforme a la normativa contra incendios».

En toda España esta medida afectará a 1.200 estaciones de servicio, unas mil que venden entre cinco y diez millones de litros y otras 200 que superan ese nivel. No existe un registro público sobre el nivel de ventas de cada estación de servicio para saber el número exacto de las que se verán afectadas en la provincia, pero la Asociación Vallisoletana de Empresarios de Estaciones de Servicio anticipa que «el impacto será mínimo» porque hay «muy pocas» que estén por encima de esas cifras. Su presidente, Horacio Sansegundo, pone como ejemplo la gasolinera que él regentaba en Parquesol, que superaba los seis millones de litros al año y, según él, era de las que más vendía de la ciudad.

globo sonda. Independientemente de que sean pocas las que se vean afectadas, Sansegundo considera que esta medida es un «globo sonda» del Gobierno para recabar la opinión del sector. Y la suya la tiene muy clara: «No me parece bien porque te obligan a poner unas instalaciones que no van a ser rentables porque solo hay unos pocos coches que las puedan utilizar». Según los datos de la Dirección General de Tráfico, la suma del censo de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en Valladolid apenas llega a 170 unidades.

Los datos de consumo de gasolina también dejan entrever que no habrá muchas estaciones de servicio que superen los cinco millones de litros al año. Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), el año pasado se vendieron en Valladolid poco más de 419.000 toneladas de combustible. Si se tiene en cuenta que en Valladolid hay 142 estaciones de servicio, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, la media de ventas se sitúa en poco menos de 3.000 toneladas, lejos de las 5.000 que obligarían a instalar los puntos de recarga.

Otra de las quejas que tienen los afectados es el coste que tendrán que asumir por estas instalaciones. Desde la Asociación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), aseguran a este periódico que ronda los 80.000 euros. Al menos ese es el presupuesto que han dado a algunas gasolineras de Madrid.

La empresa vallisoletana Emerix, especializada en la instalación de puntos de recarga en pared de garajes privados, explica que el coste para las estaciones de servicio puede variar en función de si los puntos de recarga son en corriente alterna o corriente continua. En el primer caso, «puede rondar los 7.000 o 9.000 euros, en función del modelo de cargador que se instale y de las características particulares de cada emplazamiento». En el segundo, el desembolso podría estar entre 14.000 y 16.000 euros. «La diferencia entre la carga en corriente alterna y continua es que todos los vehículos eléctricos cargan en corriente continua, por lo que se puede aprovechar toda la potencia que proporciona el cargador, y esto se traduce en mayor velocidad de carga», explican desde Emerix. «Sin embargo, en corriente alterna son pocos los vehículos que a día de hoy son capaces de aprovechar los 22 kW que proporcionan estos cargadores», añaden.

costes añadidos. ¿Por qué existe tanta diferencia entre el coste que estima Aevecar y el de la empresa Emerix? La asociación de vendedores explica que hay que tener en cuenta otros factores. «Lo que encarece todo es la instalación del cableado, llevar la electricidad hasta allí y poner sistemas de seguridad», explican. La escasez de demanda ha hecho que muy pocas gasolineras decidan dar este paso hasta ahora. En Valladolid solo hay dos estaciones de servicio con punto de recarga para coches eléctricos. Una está en el polígono de San Cristóbal y otra en el número 46 del Camino Viejos de Simancas, en el barrio de Las Villas. De hecho, desde Emerix reconocen que, «por ahora», las estaciones de servicio no están entre sus clientes, aunque esto podría cambiar con la aprobación de la Ley de Transición Energética.

La empresa Ballenoil tiene previsto abrir una nueva gasolinera low cost en 2019 en Valladolid. Tanto el director de expansión, como el de operaciones,Juan Sanz, son críticos con esta medida. «Antes del anuncio del Gobierno estuvimos contemplando la posibilidad de poner uno en alguna de nuestras estaciones, pero vimos que no era rentable y que había que adaptar la instalación, con un gran coste», señalan. Además, añaden que «la red eléctrica no está preparada en muchos sitios».

Ambos empresarios piden al Gobierno que explique «cómo va a recuperar los 20.000 millones de euros anuales que consigue a través del impuesto de carburantes, ya que del precio del litro del combustible, el 67 por ciento son impuestos». Según ellos, si en algún momento la movilidad eléctrica logra imponerse al cien por cien y las gasolineras dejan de vender combustible, sus días estarán contados. «La gente cargará el coche en las oficinas, las casas o en centros comerciales, ya que se tarda un buen rato... nadie va a esperar dos horas o media hora en una gasolinera».