Uno de cada tres perceptores de la RGC encontró empleo

SPC
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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, presenta el balance y los datos de la evolución de la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León junto al secretario general, Jesús Fuertes Zurita y el gerente Raúl de Pablos - Foto: Miriam Chacon (Ical)

Las solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía se redujeron un 40 por ciento respecto a 2015

Uno de cada tres perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) encontró trabajo en 2018, ejercicio en el que las solicitudes de esta prestación se redujeron en un 40 por ciento respecto a 2015, lo que supone que la prestación cubre las necesidades básicas de las personas más vulnerables y funciona como herramienta "fundamental" para salir de la exclusión social a través del empleo.

Así lo ha indicado este martes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en declaraciones recogidas por Ical, quien ha realizado un balance de la RGC en un acto en el que ha estado acompañada por el secretario general de su departamento, Jesús Zurita, y el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl Pérez.

García ha destacado la "eficacia" de la RGC para la inserción laboral en esta legislatura, en la que se ha producido un incremento "constante" del número de beneficiarios que han abandonado la prestación al haber encontrado trabajo, concretamente 2.356 en 2015; más de 3.000 en 2016 y 2017 y 3.360 en 2018.

Esta mejora se ha conseguido tras facilitar que se vuelva a percibir la Renta de forma automática si el beneficiario finaliza el empleo logrado a través de los itinerarios de inserción socio-laboral de la Consejería, de la contratación de los perceptores por empresas y entidades sin ánimo de lucro, la atención a los inscritos en Garantía Juvenil, subvenciones a entidades del tercer sector o contratación por parte de las corporaciones locales.

Asimismo, el acceso al empleo ha repercutido en la reducción de las solicitudes a la RGC, que en 2018 ha descendido en un 40 por ciento respecto a 2015, al pasar de 8.584 a 5.134, como ha explicado la consejera.

De igual forma, han descendido en un 10,6 por ciento los titulares de la prestación, puesto que se ha evolucionado de los 11.813 titulares en 2015 a los 10.557 en 2018, mientras que el 87 por ciento de estos titulares son estructurales --tienen mayor vulnerabilidad y más persistente-- y el 13 por ciento son coyunturales --carecen de recursos en un momento puntual--.

Asimismo, también ha bajado el número de beneficiarios en coherencia con los titulares. En este caso, han descendido en un 17 por ciento las personas que han necesitado ser beneficiarias de esta prestación, que han pasado de los 29.308 en 2015 a los 24.401 en 2018.

Otros datos "relevantes", según ha insistido García, son los de la cuantía promedio de la RGC, que se sitúa en 536,67 euros al mes por titular, con un mínimo de 430,27 euros si es un titular beneficiario único o un máximo de 699,19 euros si es con familia.

De este modo, en los últimos cuatro años se han proporcionado más de 500.000 ayudas de Renta Garantizada, cantidad que resulta de multiplicar cada titular perceptor por cuatro años y por doce pagas cada año, lo que supone 139.000 ayudas de media en cada ejercicio.

Respecto al perfil del perceptor, la consejera de Familia ha apuntado que el 28,3 por ciento tienen entre 36 y 45 años; el 62,4 vive en el medio urbano; el 58 son mujeres y el 57,3 por ciento son titulares don cargas familiares. Igualmente, ha señalado que el 88,5 por ciento corresponde a personas de nacionalidad española, mientras el 11,5 a extranjeros de 84 países distintos, entre los que destacan Marruecos, Bulgaria, Rumanía o Colombia.

Otras de las mejoras realizadas durante la presente legislatura han sido la ampliación de los supuestos de compatibilidad con otras prestaciones, la flexibilización de los requisitos de acceso a la Renta; la mejora el procedimiento de concesión con el reconocimiento al derecho desde el mes siguiente a la solicitud y la reducción a un mes de la suspensión en caso de determinados supuestos de incumplimiento por parte del perceptor.