En Valladolid hay, a pesar del incremento en la instalación de elevadores gracias a las más de 1.555 licencias concedidas en los últimos años, 2.707 edificios colectivos con más de dos alturas que no poseen ascensor. Un problema que se concentra en los inmuebles de entre dos y cuatro alturas ubicados en Las Delicias y la zona de Las Viudas-Caamaño, el del Hospital, en la zona de Circular y la Centro-Caño Argales, además de la Victoria y el entorno del Canal. Muchos de estos bloques, además, están en los barrios que coinciden con las zonas más envejecidas de la ciudad, lo que dificulta el problema de accesibilidad para las personas con problemas de movilidad y los mayores.
Las políticas de accesibilidad son una de las principales reclamaciones vecinales, que ha motivado distintas medidas municipales. La primera surgió en 2011, cuando el Ayuntamiento aprobó el primer Plan Municipal de Accesibilidad 2011-14. Ese año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo el 27% de los edificios de dos plantas o más de la capital eran accesibles. Ahora en el propio Plan de Vivienda 2021-25 se advierte de que hay otro grupo de edificios en el que, aun teniendo ascensor, el acceso requiere de medidas para eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan la accesiblidad. «Esto supone que todavía el 30% no posee ascensor y al menos, un 50% no es accesible para personas con minusvalías físicas», se señala el plan aprobado.
El problema es grave y por eso se contemplan medidas para no frenar el ritmo de instalación de elevadores en el parque inmobiliario más envejecido, ya que en Valladolid la mitad de las viviendas tienen más de 50 años. Un planteamiento que ya ha funcionado a tenor de las 1.361 licencias que se concedieron hasta 2016 y las casi 200 de los últimos años. En esto supuso un avance muy importante la puesta en marcha de programas de rehabilitación, como el ARI de La Rondilla, donde ya solo 78 de 497 no tienen elevador o la zona de Santa Clara?XXV Años de Paz donde 55 de 170 no lo habían instalado en 2020, pero es previsible que más de uno lo haga durante este año porque las licencias se siguen aprobando casi todas las semanas en Junta de Gobierno.
La situación es más compleja en zonas como Las Delicias donde 268 de 1032 no disponen de este servicio o en Caamaño?Las Viudas? Polígono San Cristóbal donde son 199 de 483. En este sentido, el concejal de Planeamiento y Vivienda, Manuel Saravia, apunta que las propuestas de mejora de la accesibilidad, lo mismo que las de mejora energética, se quieren plantear desde el Ayuntamiento en coordinación con los programas de la Junta. «Habría que priorizar los edificios en que las condiciones de renta de los residentes lo aconsejase. Un ámbito inicial para este tipo de actuaciones: El entorno de Caamaño (analizado con la Red Delicias, aunque hay que tramitarlo y resolverlo)», concreta.
Ayudas.
En el propio plan se apunta que las ayudas para obras de mejora de la accesibilidad se priorizarán en edificios de más de 45 años, y en aquellos que estén en las zonas delimitadas como conjuntos vulnerables, barrios construidos entre 1950 y 1980 y las áreas de rehabilitación integral del centro histórico. También se tendrá en cuenta los edificios donde se encuentren personas con discapacidad o diversidad funcional. Con ello, se apoya la rehabilitación teniendo en cuenta los recursos económicos de los solicitantes, y priorizando áreas.
Las futuras ayudas públicas irán destinadas a la adaptación en materia de accesibilidad y la adecuación funcional a las necesidades de personas con discapacidad, mediante convocatorias de ayudas en actuaciones de edificios. También habrá algunas destinadas a mejorar la adecuación funcional de las viviendas que constituyan la residencia habitual y permanente de personas mayores o personas con discapacidad, a través de la Concejalía de Servicios Sociales.
Además, esta semana La Consejería de Fomento y Medio Ambiente anunció que modificará el reparto de las ayudas a la rehabilitación y accesibilidad de edificios con el fin de impulsar las reformas en las provincias que no aprovechan estos fondos para renovar su parque inmobiliario. Para ello, ensayará una nueva distribución del crédito, que reserva una parte de la financiación para su distribución provincial, con el objetivo de que las más avanzadas no se lleven la mayor parte del presupuesto previsto. Para ello, el departamento dirigido por Juan Carlos Suárez-Quiñones ha publicado una orden que cambia las bases reguladoras que sustentan la convocatoria de las ayudas a la conservación y accesibilidad de edificios, que verá la luz en las próximas semanas. Esta línea, con una dotación de 2,8 millones de euros, será la última que se lance del actual plan estatal de vivienda 2018-2021.
Dentro de los programas contenidos en el plan estatal de vivienda 2018-2021, el programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas financia la ejecución de obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas unifamiliares (urbanas o rurales), edificios de viviendas de tipología residencial colectiva y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva.
Entre las convocatorias realizadas durante 2018, 2019 y 2020, las ayudas concedidas por la Junta para estos dos programas de rehabilitación de viviendas (a la conservación del edificio y realización de mejoras en materia de accesibilidad, y a la realización de obras de eficiencia energética) es de casi 14 millones. Estas subvenciones han generado una inversión de 43,4 millones con 319 propietarios (198 comunidades y 121 unifamiliares) beneficiados y 3.449 viviendas (1.675 en ayudas de eficiencia energética y sostenibilidad y 1.774 de conservación, seguridad y accesibilidad) en Castilla y León.
SOLUCIONES IMAGINATIVAS
El Ayuntamiento ha ido adaptando en los últimos año su normativa para facilitar la accesibilidad- Esto ha permitido instalar un gran número de ascensores y rampas, pero ha sido necesario tirar de medidas ‘imaginativas’. El PGOU facilita ocupar el suelo público cuando resulten técnicamente inviables otras opciones, incluyendo la posibilidad de instalar torres de ascensores y también recoge el supuesto de ocupación de elementos de titularidad privada mediante expropiación para la eliminación de las barreras físicas o la instalación del ascensor. Unas medidas que no han estado exentas de polémicas, como ha ocurrido en varios ascensores instalados en el barrio Cuatro de Marzo o en la calle Gabilondo.