El Real Decreto 1449/2018 que se aprobó el pasado 14 de diciembre y que entró en vigor el 2 de enero, sobre las prejubilaciones de policías locales de toda España, va a poner en jaque el servicio de Policía Local de Valladolid, después de que 80 de sus agentes vayan a acogerse a una medida que les permite retirarse desde los 60 años e, incluso, a partir de los 59 siempre que se cumplan una serie de requisitos. «Hay 70 que lo han pedido ya, pero aún tienen plazo hasta el día 31», tal y como detalla a este periódico el propio concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez. La cifra, según creen, se va a ir a los 80 y ya saben que hay más de 50 que, directamente, han pedido la baja para este primer trimestre del año, sin que haya tiempo material de cubrir todas esas plazas.
Los sindicatos, que llevaban años peleando para que el Gobierno de España cumpliese esta promesa de las prejubilaciones, creen que es «una medida positiva», a pesar de reconocer que la Policía Local de Valladolid va a tener que trabajar durante «más de un año» con una merma de la plantilla que se cifra en el 18%. De los 437 agentes y mandos que había al cierre de 2018, se irán perdiendo en los próximos meses esos ochenta efectivos que se acogen en bloque a esta nueva medida de prejubilación. Miguel Ángel Arroyo, secretario provincial del SPPME(Sindicato Profesional de Policías Municipales de España), sostiene que la solución se debe arbitrar desde Jefatura, pero ellos tienen claro que «la única solución a corto plazo es priorizar servicios y potenciar las patrullas en la calle».
operatividad. Desde el SPPME se apunta la idea de que «hay que recolocar a todos los agentes en tareas administrativas» porque, en su opinión, «lo que no se puede es debilitar el servicio de calle». «El Ayuntamiento podría echar mano de bolsas de trabajo para cubrir esas plazas administrativas», según apostilla Arroyo, que recuerda que «mucha de la gente que se va es de la que está en servicios operativos y va a haber algunos que se queden vacíos, como el de Mercados». En esta misma línea, desde CCOO, Alberto Fernández Gamazo dice que «la parte positiva de este problema es que ahora se va a rejuvenecer la plantilla, lo que va a repercutir en un mejor servicio». Igualmente, Carlos Hernando, de CSIF, admite que «hay que apañarse con lo que hay hasta que las plazas que se van a convocar sean una realidad».
Hernando destaca la «previsión» del equipo de Gobierno que, ya en el mes de diciembre, en cuanto se validó el Real Decreto, aprobó «una convocatoria especial, a máximos, con 62 plazas nuevas y 13 más de promoción interna, para poder dar una pronta solución al problema».
curso de formación. Pero esa convocatoria no tendrá números concretos hasta que el 1 de febrero se sepa la cifra exacta de policías que se van. A partir de ahí ya se arrancaría un proceso burocrático para esta oferta de empleo público (convocatoria, examen, pruebas...) y aunque todo eso se agilice y se cumpla el plan de que estén los nuevos agentes antes de verano, la Policía Local se encontraría con el problema de que, hasta ahora, la Junta solo organiza un curso de formación al año. Por ello, se está pidiendo uno extraordinario para verano y, de este modo, minimizar el tiempo con esta merma en la plantilla. Si no lo hay, en lugar de incorporarse en «febrero o marzo» de 2020, los sindicatos estiman que los nuevos no llegarían hasta «el mes de septiembre u octubre de 2020».