El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, sellaron hoy un convenio que tendrá cuatro años de vigencia entre la Administración General de la Comunidad y el Parlamento, que busca “propiciar la transferencia de conocimiento con acciones formativas y de investigación para los empleados públicos”, en palabras de Fuentes.
El compromiso “escenifica el entendimiento entre el ejecutivo y el legislativo”, y muestra la “firme intención” de ambas instituciones promover la formación del personal, ya que “el trabajo de los empleados públicos es esencial para para continuar desarrollando una gestión eficaz y eficiente de las administraciones al servicio de los ciudadanos”.
“Queremos reforzar la motivación, el compromiso y el progreso personal y profesional de los empleados públicos, algo que se materializa en dos herramientas fundamentales: la formación continua y la actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales”, señaló Fuentes, que anunció que la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (Eclap) será la encargada de gestionar las actividades que se generen en virtud de este acuerdo.
Las cuatro modalidades de cooperación que establece el acuerdo son la organización conjunta de actividades de formación de interés para ambas partes, como conferencias, seminarios, congresos o publicaciones; la participación del personal en las acciones formativas organizadas por cada uno de los dos organismos; la prestación de la asistencia técnica y asesoramiento en cuestiones de formación y perfeccionamiento de nuestros empleados públicos; y la colaboración del personal en los estudios y trabajos de investigación promovidos por cada una de las instituciones, así como su promoción conjunta..
Todo ello se concreta en tres actuaciones específicas: la participación del personal de las Cortes en las acciones formativas organizadas por la Eclap, una acción que es recíproca; el acuerdo implica la contribución como docentes del personal de las Cortes en las actividades formativas organizadas por la Eclap (Escuela de Administración Pública de Castilla y León) y viceversa; la incorporación en la Eclap de los conocimientos y la especialización del personal de las cortes para la realización de estudios y trabajos de investigación.
Según apuntó Ibáñez, este convenio permite “avanzar” en todos los aspectos que mejoran la comunicación entre la Junta y las Cortes, y “es muy positivo para continuar poniendo en valor a los profesionales de la administración pública, a través de la formación y el conocimiento”. “De la mejora en la competencias de los profesionales depende buena parte de la calidad de la prestación de los servicios públicos, que lidera ratios de excelencia en todo el país”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.
Según expuso el consejero, para disponer de una función pública de calidad que preste los mejores servicios hay que impulsar la formación y perfeccionar las competencias, una cuestión que calificó como “prioritaria” en el área de función pública, a la cual destinarán desde la Consejería de la Presidencia más de 2,5 millones de euros, “una cuantía ambiciosa, que muestra un compromiso firme de la Junta con el desarrollo profesional de los empleados de toda la Comunidad, de las entidades locales y del personal al servicio de las universidades públicas”.
Ibáñez recalcó que el acuerdo suscrito hoy permitirá una transferencia de información “útil y eficaz”, que por parte de la Junta abandera la Eclap, que “realiza una gran labor en la Comunidad”. “Solo este año, y pese a las difíciles circunstancias vividas, ha mantenido una capacidad formativa a un nivel óptimo, realizando más de 300 cursos en los que han podido participar cerca de 20.000 empleados públicos”, ensalzó.
A su juicio, “este convenio es beneficioso par ambas instituciones”, y se suma a diferentes acciones que ya están llevando a cabo. “Nuestra relación esta legislatura está alcanzando avances significativos. Trabajamos en un compromiso mutuo para consolidar la relación telemática de las iniciativas parlamentarias entre las Cortes y la Junta. Los trabajos en la actualidad están avanzados por los servicios gestores de ambas instituciones, esperamos agilizar ese intercambio de información y por tanto favorecer una de las tareas fundamentales de este parlamento, con la función de control e impulso del ejecutivo, de la Junta de Castilla y León”, apuntó.
“El primer semestre del próximo año esperamos formalizar una nueva relación en este ámbito y avanzar con pasos firmes por una cooperación mayor, más ágil, más efectiva, entre dos instituciones que deben caminar de la mano y ser un ejemplo para Castilla y León por el bien de todos sus ciudadanos”, concluyó.