Tan solo el 9,9 por ciento de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León se beneficia de rentas mínimas de inserción, según denunció la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que establece la media nacional en un porcentaje aún inferior al de la Comunidad, concretamente del 7,6 por ciento. En País Vasco y Navarra estas cifras alcanzan el 71,2 y 66,7 por ciento, respectivamente, de personas bajo el umbral de la pobreza que obtienen algún tipo de renta mínima. Por ello, la entidad urgió a la creación de una ley estatal de garantía de rentas «para superar las extremas diferencias que existen en cobertura y cuantía en los diferentes territorios», según se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2018, publicado ayer por el Ministerio de Sanidad. Un porcentaje que desde 2015 se está reduciendo, habiendo alcanzado ese año su nivel más alto, con un 8,7%.

Así, en Castilla y León se contabilizan 337.283 personas en riesgo de pobreza, el 14 por ciento de la población total de la Comunidad, que se eleva hasta los 2.4 millones de habitantes. De la primera cifra, según las mismas fuentes, únicamente 33.497 cuentan con rentas mínimas. Este porcentaje encubre diferencias «extremas». Por un lado, dos comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en un caso casi tres cuartas partes y en otro, dos tercios de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le sigue Asturias, donde reciben estas rentas una de cada tres personas bajo el umbral de la pobreza. 

Del resto, sólo cinco comunidades garantizan porcentajes superiores al 10 por ciento (Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, Madrid y Cataluña). Las RMI de las nueve restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura (Castilla y León la roza, con el 9,9 por ciento), y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del dos por ciento, según informa Ical.