Los adjudicatarios de la primera fase de la promoción de viviendas de Protección Pública (VPP) previstas en la antigua parcela del servicio municipal de Limpieza, en Huerta del Rey, denuncian el retraso de casi un año en el inicio de su construcción. Esta primera fase, que constará de 57 viviendas, de entre dos y cuatro dormitorios, con unos precios que oscilan entre los 138.200 € y 213.200 euros sin IVA, recibió licencia municipal en noviembre de 2019. Pero los adjudicatarios, que se eligieron por sorteo en agosto de 2019, aseguran que la empresa no les da una fecha de inicio, aunque ya han pagado una entrada inicial del 10% del precio total y ahora deben abonar las mensualidades correspondientes a otro 10% del coste (20 en total) hasta que puedan formalizar la hipoteca de compra.
Desde la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se explica que se otorgó la calificación de la promoción de viviendas de protección pública general en venta que habilita al promotor (Espacio Aurea S.L) a suscribir los contratos privados de compraventa. Esto justifica que la promotora exija percibir cantidades a cuenta, previa comprobación de los requisitos necesarios para ello. Pero también se apunta que las obras deben estar terminadas antes de finalizar los 48 meses desde el otorgamiento de la calificación. «La normativa de vivienda no exige un plazo o una fecha específica para que el promotor de las viviendas inicie las obras. Se trata de una decisión del promotor que, en todo caso, debe respetar el plazo señalado para terminación de las obras», concretan desde la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
Problemas. Ante las denuncias de los adjudicatarios, la Consejería de Fomento se puso en contacto con el promotor, que justificó la demora en una «disputa» con el Ayuntamiento de Valladolid por las cargas de las parcelas enajenadas, que le «impiden» conseguir el préstamo-promotor con la entidad financiera, según se refiere desde Fomento.
Un argumento que rechaza el concejal de Vivienda, Manuel Saravia, que reitera que en este caso el comportamiento del Ayuntamiento ha sido «extraordinariamente correcto».
Saravia detalla que la promotora compró en subasta dos parcelas, pero promovió un estudio de detalle para cambiar la ordenación. Un cambio, que explica, se argumentó en que por razones comerciales «preferían» otra disposición de los volúmenes. «El Ayuntamiento accedió y tramitó la operación», apunta, pero descarta responsabilidades en el retraso porque «no es nuestra competencia».
El embrollo, concretan, deriva de que la promotora cargó la toda hipoteca en una de las parcelas. «Y, para modificar nuevamente la ordenación, la promotora propuso una redelimitación de las dos fincas. Para hacerlo había que agregar y segregar sucesivamente. Al llevar a cabo esas operaciones, los problemas de escritura, registro y catastro se les multiplicaron», lamenta. El concejal, reitera que en esa operación, promovida por la promotora, no por el Ayuntamiento, había que reordenar la hipoteca. «Estamos intentando colaborar para que la inscripción se realice lo antes posible», anuncia. De hecho, hay prevista una próxima reunión con la promotora para cerrar la fecha de inicio de las obras, y otra con los beneficiarios para informarles de todos estos detalles.
«Si todo el proceso, extraño, difícil u arriesgado, está a finales de diciembre vamos bien. Podrían meter máquinas en las siguientes semanas. Y en enero empezar la obra, si no hay problemas con el crédito, que obviamente tampoco depende del Ayuntamiento», recuerda.
De hecho, se espera que antes del 23 de diciembre esté inscrita en el Registro la nueva segregación de las parcelas y la promotora pueda pasar la carga hipotecaria a una de ellas. Así volvería a dejar libre de cargas el suelo en el que debe construir la primera fase de esta promoción de VPP. «Este trámite es el que tiene que aprobar el Ayuntamiento. Y lo vamos a agilizar todo los posibles para que la promotora puedan comenzar las obras cuanto antes y los beneficiarios no se vean afectados», anuncia.