La segunda jornada de las diligencias previas por una presunta trama de intercambio de favores vinculada a un miembro de la Guardia Civil de la Comandancia de Valladolid deparó hoy que una parte de los investigados declararan en sede judicial que desconocen de qué se les acusa. Los comparecientes se sumaron a una primera tanda de testimonios iniciada ayer hasta sumar un total de 18 personas, que estuvieron representadas por sus letrados.
A preguntas del titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Valladolid, José María Crespo, los imputados se limitaron a señalar que el contenido de los pinchazos telefónicos responde a un contexto “privado e intrascendente”, según precisaron fuentes jurídicas. El juez les requirió para que explicaran las conversaciones intervenidas por la Policía Nacional con autorización judicial y pertenecen a distintas empresas, el sector bodeguero, la hostelería y la construcción. Según señalaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) fue el agente del Instituto Armado imputado quien presuntamente “a cambio de dinero y regalos influía, o decía influir, en distintas administraciones y autoridades, incluso judiciales, para obtener beneficios a quienes acudían a él”.
Las diligencias judiciales surgieron, aunque en una pieza separada, a raíz de la denominada ‘Operación Rosado’ de lucha contra el tráfico de droga y el blanqueo de capitales. En su desarrollo se produjo el hallazgo casual de indicios sobre el agente imputado -que ya ha declarado en dos ocasiones y está en libertad con cargos- y por ello se abrió un procedimiento distinto por presuntos delitos inicialmente de revelación de secretos, cohecho, falsedad, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Uno de los letrados resumió lo que, a su juicio, se puede deducir de los pinchazos telefónicos: “La inmensa mayoría de los que han declarado no entiende qué les puede vincular” a una supuesta cadena de favores. “Es como si te llaman a ti a título personal y te preguntan sobre un asunto privado abordado en una conversación cualquiera”, expuso, para reiterar que entiende que “no se da ninguna circunstancia” que pueda derivar en la apertura de un proceso judicial.
Conocer los motivos acusatorios
En esta línea, el abogado, que representa a un hostelero investigado, añadió que le gustaría conocer de qué se le acusa realmente a su cliente, sobre el que dijo que solo se le ha implicado en la supuesta trama porque regenta un hotel al que iban otros imputados a comer, sin que tan siquiera su nombre se cite en las conversaciones pinchadas.
Asimismo, una de las personas que testificó hoy en el juzgado señaló al abandonar la sala de vistas que no tiene ninguna relación con el caso, y que en su declaración se limitó a explicar al juez que estuvo en una comida con otras personas investigadas que fueron llamadas también a declarar en los dos últimos días.
Desde el TSJCyL se confirmó que algunos de los llamados a declarar se les atribuye presuntamente actuar junto con el principal implicado “para cambiar identidad de conductores en sanciones de tráfico a personas, empresarios, amigos, etc, a cambio de regalos y dinero que dichas personas y empresarios les entregaban. También presuntamente han podido intervenir en contratos menores de obra pública en cuarteles de Guardia Civil de Castilla y León”.
Del total de 18 imputados por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Valladolid la mayoría de ellos acudió entre ayer y hoy a la sede judicial, uno más prestó testimonio a a través de videoconferencia y otro está aún pendiente de declaración. Asimismo, otros dos se acogieron al derecho a no prestar testimonio aconsejados por sus letrados para recabar información al considerar que desconocen el motivo de la imputación, uno de los cuales es un empresario hostelero que está en prisión provisional por el asunto añadido de tráfico de drogas y blanqueo de capitales que se investiga a parte.