El Grupo Municipal Ciudadanos de Valladolid presentará, para su estudio en el siguiente pleno ordinario del Ayuntamiento, una moción para la defensa del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y para garantizar el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos en el proyecto de la LOMLOE.
En este sentido, el concejal de la formación naranja Pablo Vicente asegura que la conocida como Ley Celaá "ataca los derechos de los españoles a elegir la educación de sus hijos y el derecho a la enseñanza en castellano", y considera que el Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación "atenta gravemente contra principios constitucionales como la libertad y la igualdad".
Según ha puesto de manifiesto Vicente, que defenderá la moción en la próxima sesión plenaria en el Consistorio, "supone una reducción drástica de los medios humanos y materiales que pone en grave riesgo la atención y educación de los niños y jóvenes con necesidades especiales", al mismo tiempo que ha añadido que "condenaría a muchos centros concertados a verse abocados al cierre".
El concejal liberal ha criticado con dureza la Ley y ha advertido de que la ciudad de Valladolid cuenta con 30.000 alumnos que estudian en la concertada y 397 que lo hacen en los centros de educación especial, lo que supone que más de cuatro de cada diez alumnos estudian en estos centros.
"¿Qué quiere hacer el Gobierno con todos estos centros?", ha espetado Pablo Vicente, quien, por otro lado, también ha lamentado la "falta de consenso político", al tiempo que ha reivindicado la necesidad de un Pacto por la Educación.
"Es la octava ley de educación en democracia. Esta ley nace sin consenso político y sin consenso con la comunidad educativa", ha puesto de manifiesto el edil vallisoletano, quien ha asegurado que "está generando serias dudas en cuanto al futuro de los Centros de Educación Especial y de la educación concertada".
Por ello, Ciudadanos solicitará en el Pleno que el Ayuntamiento de Valladolid, en primer lugar, exija al Gobierno de España que mantenga la referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en todo el Estado; en un segundo lugar, que las familias puedan elegir la educación de sus hijos, y, por último, se solicitará la retirada de esta ley y una nueva convocatoria de la mesa del Pacto Educativo.
TAMBIÉN EN LAS CORTES
Sin embargo, no es la única iniciativa que la formación naranja ha llevado a cabo contra la Ley Celaá. De hecho, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha enviado hoy un escrito a todos los partidos con representación en las Cortes para promover un Pacto de Comunidad por el Sistema Educativo de Castilla y León, con el fin de generar estabilidad y certidumbre y que también se extenderá al conjunto de la comunidad educativa: familias, profesores y alumnos.
"Dejemos de manosear la enseñanza: la política no puede ser obstáculo en la educación de nuestros hijos", ha asegurado la parlamentaria autonómica, Marta Sanz Gilmartín.