El jurado emite veredicto de asesinato para el matricida

D.V.
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El veredicto dice que constituye un delito de asesinato en el que sólo se aplica la circunstancia atenuante de confesión de los hechos, sin que los mismos aprecien la de embriaguez. La fiscal mantiene su petición de 20 años y la defensa pide 15

César F.M., acusado de matar a su madre en 2018. - Foto: Ical

El jurado popular ha emitido veredicto de asesinato en el caso del vallisoletano César F.M, el vecino del barrio de Parquesol que el 28 de enero de 2018 dio muerte a su progenitora, Sacramento M, de 73 años, tras suministrarle dosis letales de medicamentos.

Las cinco mujeres y cuatro varones integrantes del jurado, que recibieron en la tarde de este miércoles el objeto del veredicto, han dictaminado, por unanimidad, que la muerte de la anciana a manos de su vástago constituye un delito de asesinato con la agravante de parentesco y en el que sólo aplican la circunstancia atenuante de confesión de los hechos, no así la de embriaguez que invocaba la defensa.

El jurado se ha mostrado asimismo en contra de la remisión de la condena y de la posibilidad de petición de indulto.

Conocido el veredicto, la fiscal del caso ha mantenido invariable su petición de condena de 20 años de prisión, mientras que la defensa del encausado, con una solicitud inicial de dos años de internamiento por delito de cooperación al suicidio, se ha visto obligada a modificarla al alza para situarla en 15 años de ingreso en un centro psiquiátrico en el que poder atender su situación mental.

La acusadora pública ha mantenido igualmente la solicitud de diez años de libertad vigilada del procesado una vez que éste recupere su libertad y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de indemnizaciones por importe de unos 20.000 euros en favor de los dos hermanos del acusado.

La fiscal ha pedido también que se prorrogue la situación de prisión provisional de César F.M. hasta que la sentencia sea firme, mientras que la defensa se ha mostrado en contra tanto de esta medida como de la libertad vigilada de su cliente durante una década una vez recupere la libertad.

Será ahora la magistrada presidente de la sala, Teresa González Cuartero, la encargada de imponer la pena correspondiente ajustada al veredicto del jurado.

Tanto en la primera jornada del juicio, iniciada el pasado día 12 de diciembre, como en la última este miércoles, donde el acusado hizo uso de su derecho a pronunciar unas últimas palabras, César F.M. mantuvo su versión de la cooperación al suicidio. "Mi madre era plenamente consciente de que me quería suicidar y no deseaba sobrevivir a mi muerte. Es lo que más quería en el mundo y jamás la habría hecho daño!", reiteró.

Pese a ello, la fiscal, secundada ahora por el jurado, rechazó tal planteamiento por que "ni ella, la víctima, estaba en condiciones de asumir ni comprender ese supuesto pacto ni él tenía verdadera intención de suicidarse a posteriori", afirmación que basaba en el primer caso en el hecho de que la anciana, tras el ictus sufrido en 2015, ni entendía ni se hacía entender y, además, porque César no quería morir sino "únicamente llamar la atención".

Pero además, la acusadora consideraba que el delito invocado por la defensa "no reúne ninguno de los requisitos", esto es, "la necesidad de que hubiera una petición expresa e inequívoca de la víctima y, por otro lado, que la anciana sufriera padecimientos insoportables que la llevaran a formular tal solicitud".

Para fundamentar la incapacidad de la anciana para sellar con su hijo pequeño un supuesto pacto de suicidio, la fiscal hizo mención a varios de los vídeos grabados por el acusado--parte de ellos fueron visionados en el juicio--en los que Sacramento se muestra fría y realiza meros gestos con la cabeza a preguntas "sugestivas" de César en cuanto a si ella quería "irse" con él, sin utilizar nunca la palabra muerte.

"¡¿Ustedes creen que la madre iba a permanecer así de inmutable mientras su hijo le trasladaba su intención de suicidarse?, salvo que ella no supiera lo que iba a pasar y desconociera lo que se le avecinaba", preguntó la representante del Ministerio Fiscal a los miembros del jurado en su alegato final.

De ahí que mantuviera la calificación de asesinato, ya que la muerte de Sacramento, a su juicio, se produjo de forma alevosa, "puesto que se encontraba desvalida y sin capacidad de defenderse", y con la agravante de parentesco, a pesar de lo cual mostró una "frialdad increíble". Sí aplicaba al reo la atenuante de confesión pero no la de embriaguez al no considerar probado que en el momento del crimen se hallara bajo la ingesta de bebidas alcohólicas.

ELLA TEMÍA ACABAR EN UNA RESIDENCIA

La defensa, por contra, mantenía la tesis de la cooperación al suicidio y por ello solicitaba inicialmente el internamiento por espacio de dos años de su patrocinado en un centro en el que pueda recibir tratamiento. "Se trata de un enfermo con una enfermedad crónica y por eso pedimos ayuda en forma de internamiento", justificó la letrada.

Y es que la representante legal de César consideraba probado que "la voluntad de Sacramento era la de no sobrevivir a su hijo y él se limitó a facilitarle las pastillas, pero fue ella la que las tomó pues tenía capacidad tanto de movimiento en su lado derecho como de comprender lo que se le estaba planteando".

De hecho, la defensora tan sólo veía en el pacto de suicidio entre madre e hijo la explicación de este suceso, "pues si faltaba ella, él sabía que quedaba en la indigencia, solo y sin recursos económicos, mientras que Sacramento era también plenamente consciente de que si moría César acabaría interna en una residencia".

Rechazaba también que el procesado planificara la muerte de su progenitora por considerarla una pesada carga y atribuía lo ocurrido a una conjunción de factores, tales como el grave estado y padecimientos de Sacramento, que además sufría cada vez más fuertes dolores; el estrés de César derivado del cuidado de la víctima, así como las graves patologías que arrastraba--un trastorno obsesivo-compulsivo y una depresión recurrente--que, obligatoriamente, hicieron mella en su voluntad.

"¡Cómo todas esas cosas no van a afectar a su voluntad?", interpeló al jurado la letrada, quien insistía en que su cliente, pese a sabar que la eutanasia no está legalizada en España, optó por la cooperación al suicidio de su madre "con el fin de cumplir su voluntad, con el único propósito de ayudarla".

El procesado fue detenido el 29 de enero en el hotel 'Bali' de Benidorm (Alicante), establecimiento en el que se había alojado la noche anterior con la supuesta intención de acabar con su vida, arrojándose desde la terraza de su habitación, tras haber dado muerte ese mismo día a su progenitora mediante la ingesta de medicamentos.

Una nota manuscrita de César con la frase "por favor, no me ayudéis, quiero morir" hallada en el hall del hotel por un empleado activó el dispositivo de seguridad y condujo hasta el presunto suicida gracias a que en el papel figuraba el membrete de la Cruz Roja de Valladolid y bastó con 'peinar' en el ordenador las llegadas de clientes procedentes de la capital del Pisuerga.

El acusado explicó en el juicio que había elegido el citado hotel tras buscar en internet aquel que contaba con las habitaciones más altas de España, y todo ello con la supuesta intención de asegurarse de que si saltaba por la terraza lograría su objetivo y evitaría el peligro de quedarse paralítico.