La Consejería de Familia aumentará la financiación de las más de 7.000 plazas concertadas en un cuatro por ciento para las de carácter residencial –residencias y centros de día– y en un seis para las ofertadas en viviendas. Este esfuerzo presupuestario se traduce en un desembolso adicional de casi cinco millones de euros, que permitirá a las entidades integradas en CERMI «mejorar la atención y la calidad de vida de los usuarios» de las 4.231 plazas de los centros de día, las 1.881 de residencias y 890 en viviendas. Así lo anunció ayer la consejera de Familia,IsabelBlanco, tras una reunión de trabajo con responsables del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CERMI), encabezados por su presidente, Juan Pérez Sánchez. Con esta inversión extra de fondos, la Consejería de Familia consolidará las 7.002 plazas concertadas existentes en la Comunidad. De esta gestión se encargan alrededor de 60 entidades del Tercer Sector, que prestan cuidados a personas con discapacidad intelectual y autismo, discapacidad física y discapacidad por enfermedad mental.
En paralelo a la decisión acordada con CERMI relativa a los conciertos para la atención a la discapacidad, la Consejería de Familia mantiene abierta la negociación con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social en la Mesa de Dependencia para reforzar también el presupuesto destinado a la concertación de plazas residenciales en los centros de mayores.
Junto a los conciertos de plazas y a las que la Administración regional gestiona en sus centros propios, el Gobierno autonómico también financia la atención a las personas con discapacidad por medio de otras vías. Una de ellas son las prestaciones económicas vinculadas, a las que se destinaron 17,6 millones el pasado año. Este concepto se define como la cuantía concedida a un usuario para garantizar su acceso a un servicio profesional y se calcula en función de su capacidad económica.
La Consejería también ha reforzado estas prestaciones, y desde el pasado 1 de enero, en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ha incrementado la financiación de tres tipos de prestaciones en una media del diez por ciento. Además ha aumentado la vinculada al servicio y las prestaciones para cuidados en el entorno familiar y de asistente personal.
El departamento liderado por Isabel Blanco respalda igualmente la labor de las entidades del Tercer Sector que trabajan en el apoyo a las personas con discapacidad mediante subvenciones, que en el último año se elevaron a casi 6,4 millones. El fomento de la inserción laboral de trabajadores con discapacidad constituye otra política social de primer orden en favor de los más vulnerables. Un total de 3.805 personas participaron en 2020 en dos programas formativos orientados a esta finalidad, promovidos por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con un presupuesto de 4,87 millones y cofinanciados con el Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil. De ellos, 838 lograron un contrato laboral.
Por último, la Junta también canaliza también hacia el sector de la discapacidad una parte importante de la cuota asignada a la Comunidad con cargo al 0,7 por ciento del IRPF.