La Junta de Castilla y León, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT sentaron ayer las bases para la correcta canalización y gestión de los fondos europeos que reciba la Comunidad, con el objetivo de anticiparse y ser más eficientes en su uso y reparto. Para ello constituyeron ayer, en el marco del Diálogo Social, la Mesa de Fondos Next Generation, para definir la participación de los agentes económicos y sociales y concertar políticas que faciliten la correcta gestión de los fondos en el ámbito público y privado, ya que la Comunidad aspira a conseguir 5.000 millones de euros, la mitad serían de gestión autonómica. En la constitución de esta mesa, participaron los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y de Empleo e Industria, Carlota Amigo, junto con representantes de la patronal y los sindicatos mayoritarios.
Durante el encuentro, la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, reclamó un frente común para un reparto justo de los fondos europeos, evitando que Castilla y León se vea perjudicada, como consideró que ha venido ocurriendo hasta ahora, por la aplicación de «criterios partidistas y alejados de objetivos claves» para Castilla y León como el equilibrio territorial o el reto demográfico. Amigo tendió la mano a las organizaciones empresariales y sociales, a las que invitó a trabajar conjuntamente desde el diálogo, la negociación y el consenso para convertir la mesa en un espacio participativo y proactivo a la hora de afrontar los grandes retos que tiene planteados Castilla y León para superar la crisis económica y fortalecer el tejido empresarial con el objetivo último de crear empleo y favorecer la cohesión social y territorial.
En su intervención, Carlos Fernández Carriedo explicó a los representantes de los agentes económicos y sociales el trabajo que se impulsa desde la Junta en torno a los fondos europeos y al resto de instrumentos financieros europeos de aplicación en Castilla León para hacer frente a los desafíos de futuro económico, protección de los ciudadanos de la Comunidad y modernización ante la crisis causada por la pandemia.
Según la Junta, la constitución de esta mesa es fruto del compromiso «claro e inequívoco» del Gobierno de Castilla y León con el Diálogo Social, cuya actividad se ha intensificado notablemente durante el último año. Esta actividad ha fructificado durante el año 2020 en cuatro grandes acuerdos y medidas extraordinarias para proteger a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables frente a la crisis sanitaria y económica. Con la Mesa de Fondos Next Generation son ya once las mesas negociadoras que la Junta de Castilla y León tiene abiertas a día de hoy en el seno del Diálogo Social. En estas mesas, constituidas a lo largo del último año, se están abordando y perfilando cuestiones de vital importancia para las políticas de la Comunidad.
Por orden cronológico, en febrero del pasado año se constituyó el Grupo de Trabajo para la modificación de la Ley contra la violencia de género; en junio se formalizó la Mesa de Renta Garantizada de Ciudadanía; en octubre quedó constituida la mesa para negociar el IV Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial.
Durante el mes de noviembre se constituyeron las cuatro mesas para acordar los planes incluidos en la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional y Conciliación en el empleo; en enero de este año quedaron constituidas las mesas del II Acuerdo para una transición justa frente al cambio climático, y la Mesa de dependencia; finalmente, desde febrero se negocia en su mesa correspondiente el nuevo Plan Anual de Empleo de Castilla y León.
El reto de afrontar la recuperación y transformación
El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, señaló que Castilla y León aspira a obtener, al menos, el 6 por ciento de los 84.000 millones de euros del programa Next Generation EU destinados a España, en concreto 5.000 millones de los que la mitad deberán ser gestionados por la Junta y el resto por el Estado. Los fondos que gestionaría la Junta estarían orientados hacia la recuperación y la modernización dentro de las pautas que marque Europa: con proyectos y actuaciones encaminadas al mantenimiento del empleo en los sectores más castigados por la pandemia. También en inversiones en equipamiento y personal que garantice la docencia, los servicios sociales y la atención a las personas afectadas por la crisis sanitaria; financiando proyectos digitales en entidades locales y de eficiencia energética en edificios públicos; mejorando los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento en el medio rural; o los de movilidad eléctrica y sostenible, entre otros.
Respecto a la parte correspondiente a la gestión de los Fondos Europeos por parte del Estado a través de sus presupuestos, la Junta considera que debería destinarse a iniciativas nacionales, al apoyo a las empresas a través de las Manifestaciones de interés (MDI), la vía abierta por el Gobierno para identificar el estado del mercado en torno a proyectos, iniciativas o líneas de actuación en diferentes ámbitos.
Además, el Estado también debería apoyar a las empresas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), iniciativas de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, que exigen la colaboración público-privada.
Junto a los consejeros de Economía y Hacienda y de Empleo e Industria y los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales, asistieron a la reunión el viceconsejero de Economía; el de Empleo; la directora general de Política Económica; la de Presupuestos y el de Industria.