Azucarera deberá indemnizar a los agricultores que entregaron remolacha en la campaña 2019-2020, pagándoles el precio pactado en el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI), lo que equivale a abonar 4,2 euros por tonelada de remolacha entregada en la citada campaña. En total, un millar de remolacheros de Castilla y León recibirán alrededor de 3,5 millones, una cuantía que a nivel nacional escala hasta 6,5 millones de euros y 2.500 agricultores, después de que ayer la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid diera la razón a Asaja y COAG en la demanda contra AB Azucarera Iberia S.L. por haber reducido unilateralmente el precio de la remolacha pactado en el Acuerdo Marco Interprofesional.
Ambas opas informaron ayer de la resolución de arbitraje y exigieron responsabilidades a la empresa. El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, exigió por carta a Azucarera el abono «inmediato y urgente» de los 6,5 millones a los 2.500 agricultores españoles que contrataron en sus fábricas en España en la campaña 2019-2020. Dujo exigió también el cese inmediato del equipo directivo de Azucarera en el área geográfica, por «incompetentes» y por haber defraudado las expectativas del sector, sustraer el dinero que pertenecía a los cultivadores y haber «destruido la confianza de las organizaciones agraria». «Si siguen así acabarán destruyendo su propia empresa», dijo.
El dirigente agrario reclamó asimismo establecer relaciones cuando se nombre a nuevos responsables al frente a la compañía, para lograr lo antes posible llegar a un nuevo acuerdo marco interprofesional «de futuro», para revertir la «mala situación» por la que atraviesa el sector en estos momentos.
Incumplimiento
El precio que fijaba el AMI se componía de 25,45 euros fijos por tonelada, a los que se sumaban 3,69 como complemento de producción; 2,36 por pulpa y entre 0,5 y dos euros por transporte, unos 6,5 euros. Esto sumaba 32 euros, que después se complementaban con otros diez a través de la PAC con pagos acoplados y un programa agroambiental. Azucarera cumplió todas las campañas con estos precios, que permitían al agricultores sumar 42 euros por tonelada.
Sin embargo, Azucarera rompió el AMI en 2019 y decidió «cargarse los complementos», según Dujo, y fijar solo 1,8 euros en función de los precios. El dirigente agrario afirmó que el laudo favorable constituye una «gran noticia» porque supone haber «doblegado la prepotencia y la soberbia» de una compañía, que sustrajo dinero que pertenecía a los cultivadores.
Además, precisó que Azucarera debe repartir 6,5 millones, de los 4,2 millones irán para unos 1.300 cultivadores de la Zona Norte, con un millón de toneladas molturadas la campaña de la polémica. Castilla y León, con 850.000 hectáreas y un millar de cultivadores, deberá repartirse alrededor de 3,5 millones; y el resto irá para 300 agricultores de País Vasco y La Rioja. Asimismo, la zona sur recibirá 2,3 millones de 540.000 hectáreas.
Importante logro
Desde COAG destacaron «este importante logro de las organizaciones agrarias» que no ha costado «ni un euro a los remolacheros». Asimismo, Fernando García, responsable del sector remolachero-azucarero de COAG, animó a los productores a que «reflexionen sobre la importancia de tener un sector organizado que pueda defender de manera efectiva sus derechos. Industrias como Azucarera quieren quitarnos de en medio para que no haya negociación y puedan imponer sus condiciones a los agricultores sin nadie que los controle y vigile».
Por último, desde la Unión de Campesinos exigieron a Azucarera una mesa de negociación para llegar a acuerdos estables que «no se basen únicamente en el beneficio de la multinacional».