El acusado de defraudar a la TGSS acepta dos años de cárcel

D.V.
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El empresario venía dedicándose a la actividad de la construcción desde abril de 2014 y bajo su cargo ha tenido a distintos empleados dados de alta en la Seguridad Social

Audiencia Provincial de Valladolid.

La Audiencia de Valladolid dictará este miércoles sentencia condenatoria contra el empresario constructor A.M.C.C. por delito de fraude a la Seguridad Social, cargos reconocidos por el encausado y quien ya ha pactado una pena de dos años de cárcel, un año menos respecto de la inicial petición del fiscal.

Durante la vista, el industrial, su abogado y la acusación pública se limitarán a dar el sí definitivo al acuerdo ya alcanzado, en virtud del cual A.M.C.C. asumirá también la pérdida del derecho a la percepción de subvenciones o beneficios fiscales por espacio de cuatro años, el pago de una multa de 1.100.000 euros y el abono, en concepto de responsabilidad civil, de 533.445 euros en favor de la TGSS, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El empresario venía dedicándose a la actividad de la construcción desde abril de 2014 y bajo su cargo ha tenido a distintos empleados dados de alta en la Seguridad Social.

Sin embargo, con la finalidad de defraudar a la S.S. eludiendo el pago de dichas cuotas, ideó un plan que consistía en la creación de sucesivas empresas con distintas denominaciones pero con idéntico objeto social, misma plantilla y actividad.

Una vez que la mercantil acumulaba deudas con la S.S. por el impago de las cuotas de los trabajadores, el industrial dejaba la misma sin actividad y descapitalizada, y a pesar de su obligación de disolverla o declarar el concurso, trasvasaba los trabajadores a una nueva empresa sucesora que creaba y con la que continuaba realizando idéntica actividad, aunque sin la deuda acumulada anteriormente.

A través de este procedimiento, el acusado, actuando bien como empresario individual, como socio y administrador único, creó dos sociedades distintas y logró eludir el pago a la S.S. de las cuotas correspondientes a las mismas, superiores a 50.000 euros durante cuatro años naturales.