El Juzgado de Instrucción número 6, el encargado de la investigación de la llamada Operación Ignis por el presunto cambiazo de ataúdes en las incineraciones efectuadas durante dos décadas por Grupo El Salvador, volverá a contar con un juez de apoyo durante el menos los tres próximos meses para tratar de dar un impulso a la tramitación del caso. La medida de apoyo estuvo ya vigente hasta el estallido de la pandemia, en marzo, y ha sido hace unos días cuando el Ministerio de Justicia ha confirmado la dotación presupuestaria para reactivar ese refuerzo.
Esta decisión llega tres meses después de que la jueza titular del Juzgado de Instrucción 6 acordase ampliar en otros 18 meses el plazo para la investigación judicial de un caso que arrancó el 31 de enero de 2019, con los diversos registros y las detenciones de los dueños de la funeraria y que ya el 18 de febrero de ese mismo año fue declarada como ‘causa compleja’ para poder superar el plazo de seis meses que, de base, tiene la instrucción de un procedimiento judicial. El primer plazo se terminaba el pasado julio, recién reactivada la actividad en los juzgados tras el estado de alarma, y una de las primeras decisiones que adoptaba la magistrada era atender la tesis de la Fiscalía y prorrogar otros 18 meses la investigación.
La decisión de la ampliación del plazo se objetiva tanto por el amplio lapso temporal en que ocurrieron los supuestos delitos, así como por el gran número de investigados y afectados, ya que habría más de un millar de denunciantes ya, aunque el cálculo policial es que la cifra de afectados pudiera llegar hasta los seis mil, ya que se estudian veinte años, entre 1995 y 2015.
De este modo, Instrucción 6 aún tiene 15 meses por delante para dar forma al llamado caso Ataúdes y sentar en el banquillo a la cúpula del grupo funerario vallisoletano e, incluso, a alguno de los trabajadores que habrían ejecutado aquellos cambiazos de féretros caros por otros mucho más baratos, justo en el momento previo a la incineración, una práctica denunciada por un extrabajador a la Policía y que, tras meses de pesquisas, derivó en esta Operación Ignis en la que se están investigando delitos de estafa, fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

PRUEBA DOCUMENTAL

Después de meses de declaraciones y de que desfilasen por el juzgado decenas trabajadores y afectados, ahora la instrucción necesita diversa prueba documental para seguir avanzando, aunque ya se han recibido diversos informes periciales de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria. Fuentes jurídicas consultadas por El Día de Valladolid explican que ya se ha dado traslado a las partes de esos estudios y ahora faltarían algunos que tiene que elaborar la Policía.
Una vez esté sobre la mesa toda la prueba documental y las partes la estudien, estas podrán solicitar nuevas testificales o más periciales que afinen hasta dónde sabía cada uno de los investigados.

300 CONTRADICCIONES

En este sentido, la defensa de los Morchón también ha presentado pruebas en el juzgado: «Un análisis en el que se demuestra que sí había consumo de gas los días de los presuntos cambiazos. Y otro con las más de 300 contradicciones en las que ha incurrido el trabajador denunciante, cuando decía que veía tal cosa y era un día que estaba de vacaciones», asevera el letrado, quien se mostró crítico: «No ha habido actividad en cuanto práctica de diligencias, más allá de un informe de una empresa auxiliar de la funeraria, que cerró en 2014 y no tiene nada que ver».

REBAJAR LAS FIANZAS

En este sentido, el lento avance de esta compleja investigación judicial puede jugar del lado de la defensa para, al menos, tratar de mitigar la presión sobre sus clientes. El equipo jurídico que representa los intereses de la familia Morchón en el caso se muestra muy crítico con el ritmo que lleva el procedimiento y no duda en hablar de «dilaciones indebidas», un atenuante recogido en el derecho penal y que, de admitirse, suele derivar en rebajas en las penas. En este caso, a la espera de lo que ocurra en el juicio, los letrados de Grupo El Salvador quieren que, al menos, pueda hacer que se rebajen las fianzas que depositaron el padre, el hijo y la hija para poder abandonar la prisión y que ascienden a 1,8 millones de euros, a razón de 800.000 los dos primeros y 200.000, la segunda. En los tres casos, se trata de fianzas en forma de depósito hipotecario. La defensa, además, ha solicitado que también se levante otra de las medidas impuestas para la libertad provisional de los tres, la obligatoriedad de comparecer todos los meses en sede judicial o policial.
Y todo, sobre la base de unas dilaciones indebidas justificadas no solo en estos casi dos años de instrucción judicial, sino en todo el proceso previo: «Llevan años investigando este caso, primero fue en secreto, durante varios años por parte de la Policía, y ahora, ya desde hace más de año y medio, en sede judicial».