El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid ha estimado parcialmente el recurso de la Diputación Provincial contra la liquidación hecha por el Ayuntamiento de la ciudad sobre la urbanización de Villa del Prado, de forma que tendrá que calcularse en base al precio de venta del suelo. Contra esta sentencia se podrá presentar un recurso de apelación en el plazo de 15 días, según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
Asimismo, el juzgado estima parcialmente el recurso contencioso administrativo de la Diputación contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid del 2 de noviembre de 20107, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra su acuerdo de 12 de julio de 2017, que aprobaba la cuenta de liquidación definitiva del Proyecto de Actuación del Sector 18 -Villa del Prado- del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Valladolid (PGOU), que anula por no ser conforme a derecho.
También condena a la administración municipal a reelaborar su liquidación, considerando como aportación a cuenta por la Diputación de Valladolid la cantidad de 46.649.490,95 euros -cantidad obtenida por la venta de las parcelas-, a la que se deberá añadir 650.282,96 euros como rendimientos financieros, y detraer como gastos no liquidables (no imputables a la misma) 119.844,85 euros por el concepto de resoluciones judiciales.
Por tanto, el fallo establece que el Ayuntamiento deberá efectuar una nueva liquidación que tenga en cuenta el precio de venta de las parcelas y no la valoración inicial. La diferencia oscila entre los 33.980.919,38 euros calculados como aportación de la institución provincial y los 46.649.490,95 euros obtenidos con la venta de los terrenos.
La Diputación reclamó más de 5,79 millones de euros por esa diferencia al Ayuntamiento o que se hiciera una nueva liquidación de acuerdo al sistema de cooperación pactado por las dos instituciones para acometer la urbanización por parte de la sociedad ADA-VIVA de 1.530.437 metros cuadrados. Los costes de la actuación se estimaron en 36.680.334,93 euros en 2001.
La sentencia sostiene que como el convenio inicial no preveía la obtención de plusvalías se debe aplicar el principio de “equidistribución” y no pueden ser apropiadas por el Ayuntamiento. Por tanto, entiende que la aportación de la Diputación, mediante la cesión de terrenos, se realiza con la fórmula de pago anticipado de los gastos de urbanización, es decir, “a cuenta”, por lo que quedará pendiente de la liquidación definitiva.
La sentencia del magistrado-juez Francisco Javier Zatarain y Valdemoro impone el pago de las costas al Ayuntamiento de Valladolid, que se limitan a 10.000 euros.
Por su parte, el presidente de la Diputación, el 'popular' Conrado Íscar, explicó, tras conocer el fallo, que los "técnicos de la casa" estaban estudiando el contenido de la resolución. "Aún no puedo pronunciarme", dijo, si bien remracó que la justicia da la razón a la Institución Provincial. "Se está estudiando jurídicamente", concluyó en la presentación de la oferta de la provincia en la Feria de Turismo de Interior (Intur 2019), que se celebra en Valladolid entre el 21 y el 24 de noviembre.