Castilla y León apuesta por una ley de pandemias que incluya la obligatoriedad de la vacunación en España para profesionales de residencias y así evitar casos como que una persona no inmunizada pueda infectar a los usuarios de un centro. El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, abogó porque este asunto debería estar recogido en una ley de pandemias, que el Gobierno central se niega a aprobar. «Es una cosa que habría que regular a nivel nacional, con rango de ley, para poder tener un poco de seguridad jurídica y ver cuándo es exigible en una situación de extremo riesgo, como la que hemos vivido», aseveró.

Tras la celebración del Consejo de Gobierno, Igea lamentó que la pandemia de la covid lleva 16 meses y el país no cuenta con una ley de pandemias, «ni visos de tenerla porque nadie en el Ejecutivo central parece interesado en legislar sobre esta cuestión». «La exigencia de vacunar a toda la población es un asunto delicado porque, primero, hay que cumplir con las obligaciones constitucionales en relación a los derechos y libertades individuales, y, segundo, con la Ley de Derechos del Paciente, que asegura su autonomía a la hora de la toma de decisiones», aseguró.

En todo caso, el portavoz de la Junta apuntó, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que hay numerosas opciones para evitar que una persona no vacunada infecte a los mayores en residencias como las medidas de prevención y detección precoz. También citó que las empresas que gestionan estos centros tienen posibilidades de seleccionar su personal.

La Junta no es la única que ha planteado que se pueda incluir la vacunación obligatoria en una ley de pandemias. La Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales también ha pedido que se considere la necesidad de una vacuna obligatoria para los trabajadores de las residencias y la posibilidad de inocular una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, ya que consideran que «si la ley no lo permite, habrá que cambiarla».

«Llevamos un mes pidiendo ciertas medidas como la vacunación obligatoria que, en algunos casos, el Tribunal Supremo ha tumbado. Ahora el Gobierno ha encargado un estudio al Instituto de Salud Carlos III que esperemos que las permita, y que facilite la tercera dosis», añadió José Manuel Ramírez, director de la asociación.

Sin cambios en el protocolo

Castilla y León, de momento, tampoco se plantea endurecer el protocolo para los centros de personas mayores. Francisco Igea descartó añadir más restricciones y apostó por ser «más exigentes» con el cumplimiento de las medidas previstas actualmente. Reconoció que restringir más el movimiento y la actividad de los mayores que viven en residencias no está justificado, además de producir un «daño importante» en su salud física y mental. «Han pasado un año y medio durísimo, con mucho tiempo en aislamiento, y, ahora, dada la situación, no nos parece proporcionado», manifestó.

El Consejo de Gobierno de este jueves sí dio el visto bueno a la prórroga hasta el 13 de septiembre de las medidas restrictivas contra la covid cuya vigencia finalizaba el 30 de agosto y que se refieren a la limitación de aforos y horarios. Igea indicó que, pese a la evolución favorable, la ocupación en planta y en las UCI no se encuentran en el nivel de nueva normalidad.