Comisiones Obreras de Castilla y León pidió hoy al alcalde de Valladolid que “aplique, negocie y no recurra” el laudo arbitral que reconoce derechos labores a la plantilla de la empresa concesionaria del transporte urbano Auvasa. En ese sentido, tras analizar “un vuelco en el contenido” del arbitraje emitido el pasado 16 de septiembre, el sindicato consideró que es la mejor postura para que los costes no sigan siendo gravosos paras las arcas municipales.
En su opinión, se trata de “una historia interminable” que nació en 2012 y ya le ha podido suponer al Ayuntamiento más de dos millones de euros. “Si el regidor municipal y la dirección de Auvasa siguen adelante en su empecinamiento, esta cuantía se podría disparar”, añadió, al tiempo que indicó que la decisión final del laudo -motivada y argumentada en 42 páginas- es “contundente” a favor de la plantilla..
“Es preciso instar a la negociación para buscar soluciones, cumplir el laudo y dejar de recurrir a los tribunales con el coste que ello supone, no solo para la Alcaldía y la ciudadanía vallisoletana, sino también para la plantilla de Auvasa”, según manifestaron desde CCOO a través del comité de empresa.
Sobre las conclusiones contundentes a favor de la plantilla de Auvasa, entre otras el sindicato cita que el laudo recoge que “la necesidad de dar cumplimiento al derecho al descanso de 30 minutos de los conductores perceptores, no puede suponer, exclusivamente, el agravamiento de los trabajadores a los que se les ha reconocido el derecho”.
Conciliación personal y familiar
Además, la mediación laboral concreta que no se han tenido en cuenta “los derechos de conciliación de la vida personal y familiar de los trabajadores a los que afecta ni la compensación del incremento del tiempo que las personas trabajadoras deben dedicar a la prestación de sus obligaciones laborales”.
Igualmente, expone que no resulta razonable que la empresa se autolimite en la negociación con el Comité de Empresa y elimine su capacidad de negociar y aceptar propuestas de la representación de las personas trabajadoras, “a través de informes que dejan reducidas las posibilidades de solucionar la controversia a una sola: que no pasa el juicio de razonabilidad y proporcionalidad”.