Desde hace año y medio, todos los extranjeros ‘sin papeles’ de Castilla y León tienen derecho a solicitar su tarjeta de Sacyl para tener acceso al sistema de salud. Lo único que tienen que acreditar es que tienen su residencia en una localidad de la Comunidad, pero no se exige que tengan permiso de residencia ni un contrato de trabajo. Este programa fue aprobado por la Consejería de Sanidad en junio de 2018, incluso semanas antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez promulgase su decreto sobre la universalidad de la sanidad, y ya cuenta con algo más de diez mil inmigrantes ‘ilegales’ inscritos en los registros de Sacyl, de los que el 28% pertenecen a los dos áreas de salud de Valladolid: 2.854.
De esos casi tres mil, el 60% está en el Área de Salud Valladolid Este (Las Delicias, Pajarillos, Las Flores, La Rondilla...) y el resto en el Oeste. Son 1.721 y 1.133, respectivamente y suponen, en ambos casos, solo un 0,5% de todas las tarjetas que tiene Sacyl en Valladolid, que se van hasta 520.544 (259.078 en el área Este y 261.466 en el Oeste). En un año, entre el 1 de noviembre de 2018 (apenas cuatro meses tras la puesta en marcha del programa) y el mismo día de 2019, se ha dado un incremento del 18% en tarjetas sanitarias de Valladolid, puesto que hace un año eran 2.411.
En Castilla y León se ha pasado de 7.520 a 10.181 en ese periodo, en el que Burgos ha alcanzado los 1.989 extranjeros irregulares con tarjeta y Segovia los 1.837, según los datos facilitados por Sanidad a este periódico. A partir de ahí, solo en Salamanca se roza el millar (1.044), ya que en el resto apenas ha funcionado este programa de la Consejería: 806 en Soria, 468 en Palencia, 409 en el Área de Salud de León (más otros 143 de El Bierzo), 364 de Ávila y 267 de Zamora.
Pacientes en un centro de salud de Valladolid. - Foto: D.V.La base, en cualquier caso, es ese Real Decreto-Ley 7/2018, que revertía el restrictivo RD 16/2012 y en el que se determina que «el acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona» y en el que se argumenta que esa garantía «cobra mayor importancia cuando quienes se ven privados de una asistencia sanitaria normalizada son los colectivos de una especial vulnerabilidad, amenazados por la exclusión social, como es el caso de la población extranjera no registrada ni autorizada a residir en España».
CUATRO REQUISITOS
El decreto establece cuatro únicos requisitos para los extranjeros que quieran acceder a esa atención sanitaria gratuita que, en el caso de Castilla y León, va acompañada de la tarjeta de Sacyl. Así, las exigencias pasan por tener la residencia fijada en una ciudad del territorio español, que no exista un tercero obligado al pago, no poder exportar el derecho a la cobertura sanitaria desde el país de origen y no tener la obligación de acreditar cobertura de prestación sanitaria por otra vía. El texto ni tan siquiera exige la dispensa de una tarjeta sanitaria, como se hace en Castilla y León, sino que bastaría con que el inmigrante acuda a su centro de salud con un documento que le identifique y que demuestre el empadronamiento, si bien hay una recomendación para incluir a estas personas en los archivos de la administración sanitaria de turno, con el objetivo de poder acceder a su historia clínica.
El sistema también busca evitar que se den casos del denominado ‘turismo sanitario’ y que es uno de los motivos de revocación de la tarjeta, así como se obtenga ya la residencia legal en España o que se cumplan una serie de requisitos de inclusión.
Respecto a la dispensa de los medicamentos, los extranjeros que están en estancia irregular no los obtienen de forma gratuita, como se llegó a especular durante esas primeras semanas de aplicación del decreto sobre la universalidad de la sanidad.
COPAGO FARMACÉUTICO
Así, el documento también aborda los términos del copago farmacéutico para estos casos y se sitúa en el 40 por ciento, que es el mismo que debe afrontar cualquier asegurado que cuente con una renta igual o inferior a 18.000 euros, a excepción de los asegurados pensionistas, que solo abonan un mínimo del 10% del precio. Únicamente los ciudadanos con rentas de entre 18.000€y 100.000 pagan más por los medicamentos que los ‘sin papeles’, ya que tienen que abonar el 50% del precio de los medicamentos, por el 60% fijado para las rentas de más de 100.000.