Los documentos en torno al caso 8-M sobrevuelan como balas de  papel entre trincheras de una guerra a favor y en contra de la actuación del Gobierno ante un momento claro para expansión del coronavirus en España a raíz de las concentraciones de esa jornada.

Así, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que instruye el caso, rechazó ayer los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía que pedían anular la investigación sobre la manifestación del Día de la Mujer, al afirmar que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y negar que instruya una causa general.

En líneas generales, la magistrada realizó una férrea defensa procesal de la investigación en curso, además de negar una causa general porque «el objeto de este procedimiento penal se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo» por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

La jueza cierra filas también con el informe forense que se conoció ayer y que concluía que se debería haber impedido aquel evento en la capital y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, los consejeros autonómicos o el delegado del Gobierno en Madrid conocían la «gravedad» de la situación de la epidemia, pero la minimizaron.

En su informe definitivo de 59 páginas entregado a Rodríguez-Medel, el médico forense Julio Lorenzo asegura que «no es posible saber» si una persona que asistió a cualquiera de las manifestaciones que se celebraron esos días se infectara en esos momentos. Ahora bien, añadía: «Lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas concentraciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad», al igual que si se hubiera advertido a la población del «gran riesgo de contagio» y de las medidas higiénicas para protegerse.

Sobre la gravedad de la situación, el especialista mostraba su «impresión» de que desde finales de enero había un «adecuado conocimiento de la situación» y «quizá se minimizara el riesgo que el coronavirus entrañaba creyendo o diciendo que era como una gripe», tal y como manifestó públicamente varias veces Fernando Simón.

Hasta el momento, la jueza que instruye este caso ha rechazado imputar en dos ocasiones al director de Emergencias, en tanto que mantiene la investigación sobre el delegado del Gobierno en Madrid, que está citado hoy  a declarar como investigado por un supuesto delito de prevaricación.

Ayer mismo, la Abogacía del Estado reclamó archivar la causa en su contra al estimar que no se ha encontrado «el más mínimo indicio delictivo» y que José Manuel Franco actuó correctamente en aquel momento, puesto que, de haber prohibido ese evento el 8-M con la información de la que disponía, habría prevaricado.