La consejera de Educación, Rocío Lucas, se comprometió a desarrollar con el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (Cermi) los planes de contingencia que sean necesarios así como a asumir las tareas de desinfección de los centros y actuaciones necesarias para volver a la actividad ordinaria, así como apoyar la sostenibilidad económica de estas asociaciones.
Así lo determinó en la videoconferencia mantenida con el presidente del Cermi en Castilla y León, Juan López, y otros miembros del colectivo, a quienes trasladó también su intención de apoyar la posibilidad de que las familias puedan decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos. De los más de 1.200 alumnos matriculados en centros de Educación Especial en la Comunidad, 481 lo hacen en centros concertados.
El cierre de los centros educativos debido a la alerta sanitaria, provocada por la covid-19, ha impedido que este alumnado con necesidades especiales reciba la atención educativa y reeducadora ordinaria y la del profesorado especialista en audición y lenguaje y fisioterapeutas, según informa Ical. De los más de 7.600 estudiantes con discapacidad que se escolarizan en Castilla y León, 786 presentan pluripatologías.
En este sentido, el presidente de Cermi trasladó su preocupación por este tema y por la sostenibilidad económica de los centros de Educación Especial (CEE), ya que se están afrontando costes extraordinarios para paliar los efectos de la pandemia. Así, Pérez solicitó un protocolo específico para llevar a cabo la desescalada en estos centros y el apoyo de la Junta de Castilla y León para compensar los costes añadidos que esta situación ha ocasionado.
La Consejería de Educación y el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León firmaron en noviembre de 2014 un protocolo que se ha integrado en una de las líneas de actuación de la Administración educativa autonómica para potenciar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Entre las actuaciones a las que se comprometieron, tanto la Consejería de Educación como Cermi Castilla y León, destacan la colaboración en el desarrollo de programas de formación y participación dirigidos a familias y profesionales de la enseñanza que trabajen con alumnos que presenten algún tipo de discapacidad.