Los grupos Popular y de Ciudadanos en las Cortes recomiendan suprimir la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, una vez que sus estructuras y funciones, como las referidas al asentamiento de empresas, se integren en el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), y la actividad formativa retorne al Ecyl. Así lo recoge el acuerdo alcanzado por la comisión paritaria formada por los dos grupos, tras analizar las 16 entidades que integran el sector público de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Cs. En total, solo la Fundación Anclaje ha sido propuesta para su supresión, mientras que el resto continuarán o modificarán su estructura.
Asimismo, los dos grupos, socios de gobierno, indicaron que la aprobación de este documento representa, tanto para el PP como para Cs, un avance en su objetivo de contar con una administración pública «ajustada» a las necesidades de sus habitantes «moderna, digitalizada y capaz de responder a los retos que afronta la sociedad».
Asimismo, se propone una «reforma integral» de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, por lo que reduce sus ámbitos de actuación a tres: internacionalización y promoción exterior; gestión de los museos regionales y de los centros culturales de la Comunidad y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. También adelantan «un posible cambio» de denominación de la entidad.
PP y Cs defienden igualmente la «pervivencia» del Serla, pero «acompasando la extensión de sus competencias al incremento de la disponibilidad de recursos», ya sea por una aportación del Gobierno de España o por la existencia de una mejor situación económica. Por otro lado, sugieren plantear a la Fundación, en el marco de la negociación abierta, el cambio en la composición del Patronato, así como en su modelo de financiación.
Igualmente, proponen «mejoras» en el Instituto de Competitividad Empresarial, la revisión de los procesos, del funcionamiento de las unidades territoriales y una mayor coordinación interna y con el resto de las consejerías. También, en relación al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, plantean «visualizar» los servicios del sector e impulsar proyectos de innovación y digitalización rurales.
En cuanto a la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, apuestan por evitar duplicidades y que se regularice el régimen de personal y se planifiquen, coordinen, gestionen y ponderen según la eficacia las actividades desarrolladas. Además, se pide el «refuerzo» de las Fundaciones de Acción Social y Tutela y del Centro de Supercomputación de Castilla y León, con una importante asunción de responsabilidades para este último. Por otra parte, se apuesta por una reordenación de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León SA para evitar duplicidades.
Igualmente, PP y Cs ven necesario revisar la forma jurídica del Consejo de la Juventud, al no considerarse que la actual de «ente público de derecho privado» se ajuste a su naturaleza y funciones. Además, los dos grupos plantean el mantenimiento de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario; de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores; de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación; y concentrar todos los recursos especializados a la política energética en el Ente Regional de la Energía.
Respecto a la Fundación de Estudios y Ciencias de la Salud, la comisión plantea que deberán buscarse alternativas tras la constitución de la FundaciónIBSAL.