En el congreso regional del PSOE en Extremadura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros aprobará mañana la Ley de la Vivienda, una iniciativa que se había atribuido su socio de Gobierno, Unidas Podemos. Sánchez aseguró que la primera norma sobre estas cuestiones que existirá en la democracia española pretende convertir el «problema» del mercado inmobiliario en un «derecho», como objetivo principal. El nuevo texto legal va dirigido especialmente a los sectores de la población que tienen más dificultad para acceder a una casa, como son los jóvenes y las familias con pocos recursos económicos. 

En cuanto a medidas más concretas, el presidente del Gobierno destacó la prohibición de que fondos de inversión especulativos puedan enajenar viviendas sociales o la construcción de 100.000 viviendas adscritas al plan de alquiler, de las que un 30% estarán destinadas a conseguir que los jóvenes adelanten su edad de emancipación. También reiteró las ayudas de 250 euros mensuales para menores de 35 años durante dos años. 

Además, el secretario general del PSOE anunció una partida extraordinaria de 100 millones de euros para que las familias más desfavorecidas puedan hacer frente a la subida del precio de la electricidad «ahora que empieza el invierno», argumentó. En plena guerra de poderes en el seno del Gobierno de coalición, el PSOE no quiere quedarse atrás y ceder terreno en los avances sociales en favor de Unidas Podemos, en la figura de Yolanda Díaz. Mientras que la lideresa de la formación morada mantiene una dura pugna con Nadia Calviño a cuenta de la derogación de la reforma laboral, los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, reaccionan para no quedarse atrás respecto a su socio en la recta final de la legislatura.

El Ejecutivo comienza a dar señales de inestabilidad interna en un momento trascendental. España tiene que empezar a dejar atrás las consecuencias de la crisis económica de la pandemia, pero la imagen que ofrece el Gobierno puede dar pie a una inestabilidad muy perjudicial para el país. La Unión Europea tiene el foco sobre España, que sufre un aumento desbocado de la inflación, alimentada por la factura de la electricidad. Un incremento del gasto no justificado pondría en peligro la llegada de los fondos europeos de recuperación y que el país se quedará a medio gas, en tierra de nadie, es decir, sin una recuperación clara y al borde de un estancamiento, sobre todo en el aspecto laboral. 

España no puede permitirse llegar a esa situación, así que es hora de que el Gobierno se centre en lo verdaderamente importante y deje los juegos de poder interno en un segundo plano.