Los grupos Popular y de Ciudadanos en las Cortes recomiendan suprimir la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECyL), una vez que sus estructuras y funciones, como las referidas al asentamiento de empresas, se integren en el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), y la actividad formativa retorne al ECyL.
Así lo recoge el acuerdo alcanzado por la comisión paritaria formado por los dos grupos, tras analizar las 16 entidades que integran el sector público de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento del acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Cs. Todos ellas, excepto la Fundación Anclaje, continuarán o modificarán su estructura.
Asimismo, los dos grupos, socios de gobierno, indicaron que la aprobación de este documento representa, tanto para el Partido Popular como para Ciudadanos, un avance en su objetivo de contar con una administración pública “ajustada” a las necesidades de sus habitantes, “moderna”, “digitalizada” y capaz de responder a los retos que afronta la sociedad.
En concreto, PP y Cs plantean en relación a la Fundación Anclaje que la actividad de formación debe revertir al ECyL con el fin de evitar duplicidades y recomienda, siempre que jurídicamente sea posible, la supresión mediante la integración de sus funciones y estructuras en el ICE.
Asimismo, se propone una “reforma integral” de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, por lo que reduce sus ámbitos de actuación a tres: internacionalización y promoción exterior; gestión de los cuatro museos regionales y de los dos centros culturales de la Comunidad y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. También adelantan “un posible cambio” de denominación de la entidad.
También PP y Cs defienden la “pervivencia” del Serla, pero “acompasando la extensión de sus competencias al incremento de la disponibilidad de recursos”, ya sea por una aportación del Gobierno de España o por la existencia de una mejor situación económica y laboral que permita liberar fondos “destinados a otras finalidades más perentorias”.
Por otro lado, sugieren plantear a la Fundación, en el marco de la negociación abierta, el cambio en la composición del Patronato, así como en su modelo de financiación. En el nombramiento de los mediadores, dado que la Junta financia el 100 por 100, la comisión considera que podría ser aconsejable que participara la parte institucional del Patronato de la Fundación.
Igualmente, proponen “mejoras” en el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE), la revisión de los procesos, del funcionamiento de las unidades territoriales y una mayor coordinación interna y con el resto de las consejerías. También, en relación al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), plantean “visualizar” los servicios del sector, elaborar un catálogo de buenos ejemplos, incorporar un espacio de sugerencias e impulsar proyectos de innovación y digitalización rurales, entre otras.
En cuanto a la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, abogan por evitar duplicidades y que se regularice el régimen de personal y se planifiquen, coordinen, gestionen y ponderen según la eficacia las actividades desarrolladas. Además, se pide el “refuerzo” de las Fundaciones de Acción Social y Tutela y del Centro de Supercomputación de Castilla y León, con una importante asunción de responsabilidades para este último. Por otra parte, se apuesta por una reordenación de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León SA (Somacyl) para evitar duplicidades, asumir actuaciones hidráulicas de las entidades locales y delimitar de forma adecuada sus competencias en biomasa.
Igualmente, PP y Cs ven necesario revisar la forma jurídica del Consejo de la Juventud, al no considerarse que la actual de “ente público de derecho privado” se ajuste a su naturaleza y funciones, asegurando no obstante su “independencia, autonomía y libertad de acción” y sacar a la Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos del sector público de la Comunidad.
Además, los dos grupos plantean el mantenimiento de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ASCUCyL), de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (FUESCyL), de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCyL) y concentrar todos los recursos especializados a la política energética en el Ente Regional de la Energía (EREN).
Respecto a la Fundación Instituto de Estudios y Ciencias de la Salud de Castilla y León (IESCYL), la comisión paritaria plantea que, una vez se constituya necesariamente la Fundación del IBSAL, que actualmente representa el 70 por ciento de la actividad de la misma, deberán buscarse alternativas que podrían pasar por adscribir la parte de investigación no relacionada con el IBSAL a la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, bien porque se fusionen ambas fundaciones, o bien porque se amplíe el ámbito de la investigación que actualmente realiza la IECSCyL.
Medidas transversales
Por otra parte, se plantean medidas transversales sobre contratación administrativa, con el objetivo de unificar los procedimientos de contratación, pero también sobre personal, uniformando los procedimientos de gestión de personal con el dictado de unas directrices vinculantes a todas ellas y altos cargos, para garantizar la publicidad y libre concurrencia en las contrataciones y que se atengan a los principios de mérito, capacidad e idoneidad
También sobre el plan de medios pide aplicar la normativa y directrices vinculantes en la materia; aumentar la identificación con la Junta; velar por la custodia, conservación, utilización responsable y defensa del patrimonio; controlar de eficacia y establecimiento de la supervisión continua de las entidades, y fomentar la transparencia, disponiendo de un portal web accesible a todos los ciudadanos con contenidos homogéneos para todas ellas.
De este modo, culminan los trabajos que comenzaron el pasado 30 de octubre y que han contado con la presencia de los directivos de los entes analizados. Las propuestas están dirigidas a eliminar duplicidades, aumentar la transparencia y optimizar las entidades del sector público.
Cuatro meses de análisis, que dan un empuje a la reestructuración previa del Gobierno autonómico de 2015.