Hace casi once años que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, abrió una investigación penal contra el grupo de militares acusado de asaltar de madrugada el campus de San Salvador de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en la que trabajaban los sacerdotes jesuitas vallisoletanos Segundo Montes e Ignacio Martín Baró. Ambos, de 55 y 47 años, fueron asesinados junto a otras seis personas, un crimen que quedó impune y que ahora se acerca a un doble juicio, tanto en El Salvador (donde un juzgado reabrió la causa en 2018), como en España, en ese complejo proceso iniciado por el juez Eloy Velasco tras la denuncia que interpuso en 2009 la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) y que ahora ya busca fecha a un juicio en el que solo se sentarán dos de los presuntos responsables, pero que servirá para restañar parte de una herida histórica.
La matanza cumple 30 años en una continua búsqueda de justicia. Un anhelo sin respuesta que nace en aquella trágica madrugada del 16 de noviembre de 1989, cuando un escuadrón del batallón Atlácatl irrumpió en la UCA y ordenó a seis profesores, una cocinera y su hija que saliesen al jardín del Campus y se tumbasen boca abajo, antes de dispararles y acabar con las vidas de aquellas ocho personas. Morían asesinados el que era rector de la Universidad Centroamericana, Ignacio Ellacuría, jesuita vasco y principal ideólogo de la Teología de la Liberación; cuatro sacerdotes jesuitas españoles, Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró; uno salvadoreño, Joaquín López; y la cocinera Julia Elba y su hija Celina Mariceth, ambas salvadoreñas.
HOMENAJE EN EL MONOLITO
Los familiares y los miembros de la Fundación Segundo y Santiago Montes no olvidan y todos los 16 de noviembre (hoy el acto será a partir de las 13.00 horas) acuden fieles a su cita para realizar la ofrenda floral en el monolito de la calle Francisco Javier Martín Abril, en memoria de los dos jesuitas vallisoletanos, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes Mozo, con la «esperanza de que la justicia pueda conseguir que los culpables de este terrible asesinato sean juzgados y condenados por ello», explican desde la Fundación a este periódico. «Estamos atentos al juicio que se desarrolle tanto en España como el que pueda tener lugar en El Salvador, una vez que el juzgado Tercero de Paz decidiese reabrir en 2018 este proceso, tras declarar la nulidad absoluta del proceso llevado a cabo en 2000, en el que se dictaba el sobreseimiento de los militares acusados y del expresidente Alfredo Cristiani, por entender que se trató de una farsa completa»
Hace poco más de un mes, la Audiencia Nacional daba un paso más hacia ese juicio contra dos de los presuntos responsables de la matanza, el excoronel del Ejército de El Salvador y exviceministro de Defensa, Inocente Montano, y el exteniente salvadoreño René Yusshy. El tribunal desestimaba las cuestiones previas planteadas por las defensas de ambos en las que sostenían que los delitos habían prescrito o que los hechos habían sido juzgados ya en los años 90, un supuesto proceso bajo sospecha del que todos salieron exonerados y que ahora ha desembocado en la reapertura del mismo también en el país centroamericano. En este auto de octubre recogido por Efe, la Audiencia Nacional decía que, en efecto, existían «indicios serios y razonables de que el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables fueran castigados, sino, más bien, su sustracción a la Justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías de independencia e imparcialidad».
La Fiscalía pide una pena de 150 años para el excoronel Montano, quien fue extraditado en 2017 por Estados Unidos, a donde habría llegado irregularmente en 2001 con ánimo de permanecer oculto; se le acusa de los cinco asesinatos terroristas contra los sacerdotes jesuitas españoles, que es lo único que puede enjuiciar la Audiencia Nacional, tal como avaló el propio Tribunal Supremo en la primavera de 2015. En el caso del exteniente Yusshy, la Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel, al aplicarle la eximente incompleta de miedo insuperable y dos atenuantes, la de confesión y la de haberse ofrecido a reparar el daño.
Serán dos, pese a que la Audiencia Nacional llegó a investigar a veinte militares, todos por su intervención directa en la matanza en la UCA o por estar en la cadena de mando de aquel ataque con la que se buscaba, tal como sostiene la Fiscalía, acallar a Ellacuría y a los demás jesuitas, que, en 1989, habían asumido el «liderazgo» en pos de una salida negociada a la guerra civil que se vivía en El Salvador.