El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, se negó a declarar ayer como investigado por la presunta comisión de un delito de financiación ilegal en el proceso de pago de cuotas de afiliados del PP en el proceso autonómico de primarias de 2017. Iglesias argumentó su decisión de acogerse a su derecho a no declarar en que existe un recurso interpuesto en la Audiencia Provincial que no está resuelto y que esperará a que este finalice para comparecer. Un razonamiento que también utilizó el PP de Salamanca como persona jurídica, también citado a declarar y que envió a una representante desde Madrid. Javier Iglesias no acudió a la plaza de Colón de Salamanca a prestar declaración presencial a los juzgados y compareció ante el juez de forma telemática argumentando que no se encontraba del todo bien por los efectos de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, que le ha sido inoculada este lunes. Un extremo que, según Francisco Martín del Río, el abogado de la acusación particular ejercida por Foro de Izquierdas-Los Verdes, se trata de «una triquiñuela par no dar la cara». Además, lamentó que se haya enterado de esta medida «al entrar en sala» y no tener conocimiento previo, lo que ha calificado como «fraude de ley».

La siguiente fecha señalada en el calendario de la causa es el 3 de marzo, cuando está prevista la declaración de la gerente del PP de Salamanca, Isabel Sánchez, quien estaba también llamada ayer, pero que solicitó previamente su aplazamiento por causas médicas debidamente argumentadas, según reconoció la parte contraria. Hasta entonces, «lo normal» sería que la causa estuviera paralizada, en palabras de Martín del Río.

El auto de la Audiencia Provincial considera la presunta comisión de un delito de financiación ilegal, aunque la acusación particular aprecia asimismo blanqueo de capitales. También se deberá dirimir durante el procedimiento judicial si las donaciones realizadas al partido para solventar las cuotas impagadas de algunos afiliados fueron finalistas o anónimas. 

«No tienen salida»

En cualquier caso, para el abogado de la acusación particular, el Partido Popular «no tiene salida». «El auto está hoy lo suficientemente motivado para ser juzgado y, a mi modo de ver, que sean condenados, porque trabajo que ha hecho el juzgado ha sido minucioso y han declarado cerca de 60 personas con gravísimas contradicciones», valoró el letrado  a la puerta de los Juzgados.

La acusación particular, eso sí, volvió a solicitar la comparecencia del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, así como de otras 27 personas. Según el abogado, habría dos justificantes bancarios de extracción de dinero efectivo que demostrarían, supuestamente, su participación en la presunta financiación ilegal del partido. 

Sin repercusión

El secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, afirmó que su partido tiene «confianza absoluta en la Justicia», y aseguró que este asunto no va tener repercusión en la campaña electoral de Castilla y León. Por el contrario, la secretaria regional de Organización del PSOE, Ana Sánchez, invitó a los dirigentes populares a «decir la verdad» en el Juzgado cuando testifiquen sobre la presunta financiación ilegal.