La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Yagoda, ha desarticulado un grupo criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores. Hay tres detenidos, todos de nacionalidad búlgara, miembros del mismo clan y con edades comprendidas entre los 32 y los 64 años, que serían los encargados de realizar "labores de captación de las víctimas", según detallan fuentes de la Comandancia de Valladolid, que explican que se ha identificado por el momento a trece víctimas (nueve adultos y cuatro menores), compatriotas de los detenidos y que, actualmente, se encuentran bajo recursos de servicios sociales de la Junta de Castilla y León por su situación de desamparo.
Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil revelaron que "las víctimas fueron reclutadas desde su país de origen en entornos sociales extremadamente vulnerables, aprovechándose del deseo y esperanza de tener una vida con más oportunidades para mejorar, ofreciéndoles unas condiciones de trabajo aparentemente muy atractivas en España, a través de un contrato de trabajo fijo". "El grupo criminal ofertaba puestos de trabajo en campañas agrícolas, con una supuesta remuneración que sería acorde a su trabajo, y una alimentación y estancia dignas. Posteriormente eran trasladadas vía carretera desde Bulgaria hasta la provincia de Valladolid", relatan estas fuentes en un comunicado recogido por este periódico.
Una vez en España, se dedicaban a labores agrícolas en la zona sur de la provincia. Ofrecían unas remuneraciones, bien por la realización de un trabajo diario, ó a través de empresas de servicios, tras la finalización de los servicios prestados. La Guardia Civil ha constatado que "cuando eran contratados diariamente, carecían de contrato y desconocían la jornada que iban a realizar y posteriormente no se les abonaba a los trabajadores el total de la remuneración prometida". "Cuando eran contratados a través de una empresa de servicios, los ahora detenidos acompañaban personalmente a cada una de las victimas a entidades bancarias, para abrir una cuenta corriente, solicitando tarjetas y claves de internet, de lo que se apoderaban los detenidos, para así cuando percibían la remuneración a través de la empresa de servicios, estos transferían lo cobrado a cuentas personales o bien sacaban el dinero de las cuentas a través de los cajeros automáticos, dejándoles una cuantía mínima. Además, les cobraban conceptos por el traslado desde su lugar de residencia hasta la explotación agrícola, por el alojamiento y la manutención, o por distintas gestiones administrativas", detallan.
Las condiciones de trabajo detectadas por la Guardia Civil, incluían jornadas laborales muy superiores a los estándares regulados (13-14 horas). Los trabajadores percibían una mínima cuantía, y se alojaban en una vivienda de alquiler de uno de los detenidos. El alojamiento se ubicaba en la localidad de Tordesillas, el cual se encontraba en condiciones totalmente insalubres y antihigiénicas. Una vez que las víctimas finalizaban su jornada laboral, los captadores ahora detenidos realizaban labores de control en los lugares donde pernoctaban.