Carriedo dice que ser líder en dependencia "es un estímulo"

SPC
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La Federación Empresarial Castellana y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte) pide una financiación real del Estado y autonómica del 2% del presupuesto frente al 0,54% actual

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, y el presidente de la Federación Empresarial Castellana y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte), Diego Juez. - Foto: Ical

El consejero de Empleo y de Familia, Carlos Fernández Carriedo, señaló hoy que para Castilla y León ser líder y una referencia nacional en dependencia “es un estímulo”, sin que ello impida que queda un largo camino por recorrer. “Esta situación no nos impide hay mantener la idea de seguir reduciendo los plazos de concesión del derecho a este servicio asistencial y también para poder atender más personas dependientes en el futuro”, indicó.

Así lo puso de manifiesto en la apertura de la jornada denominada 'La Ley de Dependencia en Castilla y León, una visión de futuro', organizada por la Federación Empresarial Castellana y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte). En declaraciones a los medios de comunicación señaló que el hecho de que otros “miren como una referencia” a la Comunidad en la atención a dependientes “lo que conlleva es una responsabilidad para seguir trabajando con calidad y equidad en esta materia, y a la vez agradecer a todos los que colaboran, y especialmente al tercer sector”.

Carriedo se refirió al informe nacional de Acalerte que habla de “caos” en cuanto a la prestación del servicio de dependencia, lo que contrasta con el “sobresaliente”que se otorga en Castilla y León “donde el 98,5 por ciento de las personas que han solicitado esta prestación están atendidas, con 18 puntos por encima de la media española”.

En esta línea explicó que se ha hecho “un esfuerzo muy importante” en varios aspectos, entre los que destacó la puesta en marcha de “más recursos” desde la Administración autonómica, que cifró en 12 millones de euros “a mayores”, junto a una política “adecuada y acertada”, que se basa en la colaboración de varias instituciones, con las entidades locales como valuarte, y el ámbito del diálogo social con patronal y sindicatos. “Todos han colaborado muy activamente en este asunto”, indicó.

Además, Carriedo, precisó que los buenos resultados en dependencia no se hubieran conseguido sin la Junta no hubiera contado con el tercer sector. “Tiene un gran peso específico en la gestión y la aplicación de la asistencia a la dependencia, y el mérito es también de los profesionales que lo llevan a cabo, ya que más de un 80 por ciento de las prestaciones son de carácter profesional, más que dentro del propio hogar”, apuntó.

El consejero recordó que las personas con prestación concedida por el Sistema de Dependencia han pasado en la Comunidad de las 62.117 de mediados de 2015 a las 100. 000 de la actualidad, que a su vez acumulan más de 135.000 prestaciones a día de hoy, frente a las 77.511 de mediados de 2015, lo que implica un incremento del 74 % en el número de prestaciones.

El Sistema de atención a la Dependencia en Castilla y León genera ya más de 30.000 puestos de trabajo directos en la Comunidad. El informe sobre la situación de la dependencia elaborado por CEAPs, y que ha sido analizado hoy en la jornada de Acalerte señala entre otras cuestiones que una persona mayor de 80 años en la Comunidad tiene prácticamente el triple de oportunidades de ingresar en una plaza residencial al amparo de la Ley de Dependencia, ya que el 80 por ciento de las personas en residencias se benefician de la financiación pública.

Por su parte Diego Juez, presidente de la Federación Empresarial Castellana y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte), se congratuló de que la Comunidad haya sido “pionera en Servicios Sociales y capaz de innovar en atención a mayores con nuevos modelos, poniéndolos en el centro del sistema”, especialmente en las residencias, donde hay unas 46.000 plazas.

No obstante, lamentó que con una mayor financiación “se estaría a la cabeza de Europa” y reclamó que alcance el dos por ciento en atención a la dependencia del presupuesto real del Estado y las autonomías frente al 0,54 por ciento actual. “Tiene que ir subiendo y así se dará solución a este tipo de problemas dado el progresivo envejecimiento y también la despoblación. Está bien vincular las prestaciones al servicio pero tienen que incrementarse las cantidades de acuerdo a las pensiones, que en Castilla y León son bajas. Que el dinero vaya al bolsillo de los mayores y que ellos elijan el centro al que quieren acudir”, indicó.

Informe nacional

Así se señala en un informe nacional, realizado por una empresa nacional para Acalerte y presentado hoy en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, que ha puesto en relieve la rapidez en la valoración y resolución de las solicitudes de las personas usuarias de la dependencia y que también manifiesta el elevado nivel de gestión de las plazas públicas, concertadas y privadas de la región.

El documento fue analizado por profesionales del sector y compartido con representantes políticos, personas mayores y entidades, que recoge la realidad de los 690 centros residenciales de la Comunidad, con un precio medio por plaza de 1.495 euros, mientras que en otras regiones el precio está en torno a los 2.500 euros. Se da el caso de que en Castilla y León la única subida del concierto público en los últimos diez años se ha producido en 2019 con un aumento del 1,2 correspondiente al IPC.

“La congelación de la financiación de las plazas concertadas va en detrimento del sector”, señaló Diego Juez, que añadió que “por cada dos usuarios se genera casi un puesto de trabajo en estas residencias”, especialmente para jóvenes, mayores de 55 años y en “un sector feminizado y con empleos nada deslocalizables por motivos económicos y un 80 por ciento de ellos en el medio rural”.

En este sentido, apuntó que de debe tener en cuenta que el precio de las plazas en Castilla y León “si se equiparase la financiación a la gestión se pondría a la Comunidad por encima del resto de países de Europa en algo que no es un gasto si no una inversión”, y consideró que “no hay que conformarse con tener buenos informes cuando realmente “se debería tener un sistema ejemplar”.

Otro de los puntos que destaca el informe es que el 43 por ciento del dinero invertido en Servicios Sociales revierte directamente en el Estado, de nuevo. “El sector de la Dependencia no sólo se preocupa por las personas usuarias, sino por toda la población en general, sobre todo en el medio rural”, explicó Diego Juez.