Aunque esas dos expresiones del titular suelen ir ligadas a la situación en y con Cataluña y el problema territorial, son los dos conceptos que se deben utilizar para la resolución de cualquier problema en que se confrontan posiciones en las que es imprescindible encontrar un punto de encuentro que dé satisfacción a las partes, pero que sobre todo que trate de resolver el contencioso. Tanto el caso de la repatriación de menores no acompañados a Marruecos como en el caso del desastre ecológico en el Mar Menor se van a tratar de resolver por esa doble vía.
Tras el varapalo de la justicia al ministro del Interior por su iniciativa de devolver a los menores que entraron en Ceuta en la crisis de mayo, Fernando Grande-Martlaska se ha convertido en uno de los principales candidatos a salir en una futura crisis de Gobierno. Si el ministro no dimite, una decisión que debiera plantearse, la reciente remodelación del Gabinete le puede salvar de que Pedro Sánchez decida cesarlo por el embrollo creado por un juez que se ha mostrado poco respetuoso con la Ley de Extranjería que debía cumplir. A la torpeza de su iniciativa añadió las sucesivas explicaciones para derivar su responsabilidad que la hacían aún más patente, como le ocurrió a Juan Manuel Soria con “los papeles de Panamá” o al exministro de Transportes, José Luis Ábalos en el “Delcygate”.
El entuerto lo deshicieron Pedro Sánchez y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunión bilateral en la que acordaron volver a aplicar la ley que nunca se debió perder de vista, menos ahora que hay una predisposición favorable de Marruecos a acoger a sus menores, cuyos derechos deben ser garantizados en nuestro país y por los que velan la fiscalía, los jueces y las oenegés. Ambos mandatarios mantienen una buena relación y Vivas ha reconocido que siempre ha encontrado el apoyo de Sánchez en la gestión de la crisis desde el primer momento en el que tuvo lugar, actitud en la que se separa del resto de dirigentes del PP.
Del mismo modo, de forma bilateral, el Gobierno central, por medio de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente popular de Murcia, Fernando López Miras, acordaron establecer una serie de contactos periódicos para analizar la evolución del Mar Menor para que no se repitan los desastres ecológicos que afectan a la laguna en los últimos años. La colaboración entre Administraciones es el mejor sistema de abordar los problemas en lugar del peloteo de responsabilidades. Ahora bien, en este asunto como en el de los menores no acompañados de Ceuta hay una ley que se debe cumplir, y las medidas establecidas para la protección del Mar Menor no son nuevas, si acaso agravadas por una ley del pasado año que no ha sido aplicada en toda su dimensión para evitar la contaminación. Y eso sí es responsabilidad del gobierno autonómico que no ha aplicado sanciones a quienes contaminan o que tienen explotaciones agrícolas en terrenos vedados para ello.
Nadie ha levantado la voz porque Sánchez y Ribera se hayan reunido con los presidentes autonómicos de Murcia y Ceuta para resolver problemas que les atañen. Pues lo mismo debiera ocurrir cuando se trata con Cataluña de las cosas de comer.