La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha resuelto rechazar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo anunciado por tres de los encausados a los que la sala no aplicó sobreseimiento por prescripción de los delitos en el proceso de supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 

  En su auto, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el tribunal que preside José Luis Ruiz Romero desestima los recursos anunciados ante el Supremo por los defensores del arquitecto Luis Álvarez Aller, el exjefe del servicio, Modesto Mezquita, y el exjefe de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quienes recuerda que tendrán la oportunidad de volver a plantear la prescripción el día del juicio. 

  A estas tres defensas, el presidente de la Sala ya advirtió en la fase de cuestiones previas sobre la imposibilidad de recurrir el auto de sobreseimiento libre dictado para diez de los catorce encausados y del que quedaron excluidos sus patrocinados y el principal inculpado, el exconcejal de Urbanismo, José Antonio de Coca. 

  A su vez, la Audiencia provincial ha dado traslado a las defensas del recurso también anunciado por la fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Ana Valle, y en el que ésta solicita distinta documentación para poder formalizarlo y fundamentar así su discrepancia por entender que la sala ha vulnerado el artículo 131.1 del Código Penal. 

  A partir del día en el que la fiscal reciba los documentos solicitados, dispondrá de quince días para presentar el recurso, con lo que antes de mediados de noviembre no se sabrá si su recurso afecta a todos aquellos que han quedado fuera del proceso o a algunos de ellos. 

  La consecuencia del recurso de Fiscalía, que se sí será admitido a trámite, es que el juicio no podrá celebrarse antes de que el mismo sea resuelto por el Tribunal Supremo, lo que podría no ocurrir hasta después del verano de 2019. Aunque la demora podría ser mayor si los defensores de Álvarez Aller, Mezquita y Cerezo, una vez que conocido el rechazo de la Audiencia Provincial a su pretensión, decidieran presentar directamente recurso de queja ante el Tribunal Supremo y éstos fueran admitidos a trámite. 

  De entre los diez encausados para los que la Audiencia de Valladolid dictó sobreseimiento libre de las actuaciones por prescripción de los delitos imputados, el único que ya ha quedado libre, con independencia de la resolución del Supremo, es el religioso Lino Collazos, ya que Fiscalía no le incluyó en su escrito de acusación y tan solo figuraba en el de la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', que ya anunció la pasada semana su decisión de no recurrir. 

  De hecho, el letrado de Collazos, tal y como ha podido saber Europa Press, ha presentado un escrito en el que, en vista de que la acusación pública no le incluía en la lista de procesados y la popular ha rechazado recurrir, solicita de la sala que declare firme el sobreseimiento de actuaciones contra el religioso. 

  Por tanto, es aún una incógnita si el recurso de Fiscalía se dirige contra alguno o todos los afectados por la prescripción: los empresarios Gonzalo Jolín, Ramón Herrero Merino, María Pilar López Mazariegos, Francisco Capellán, José Ángel Astorga, Antonio Roberto Pastrana, los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo. 

  Una vez que se pronuncie el Supremo, la Sección Cuarta de lo Penal que ha de celebrar el juicio volverá a convocar a las partes, a los cuatro ahora encausados y a los que pudiera devolver al banquillo el Alto Tribunal, para resolver el resto de cuestiones previas que aún hay planteadas, desde la vulneración de derecho de defensa como de tutela judicial efectiva, el principio de equilibrio de armas y el de un proceso con todas las garantías, y todo ello basado fundamentalmente en el hecho de que la vista oral comenzó cuando los procesados no disponían aún de la totalidad de lo actuado en la causa   

  A los cuatro investigados que han quedado solos, por el momento en el banquillo, se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos. 

  En su escrito, la Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional. 

  A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación. 

  Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.