San Miguel del Arroyo, dividido por una macrogranja

R. Gris
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Los vecinos de la localidad vallisoletana viven con recelos entre ellos por la instalación de una planta con 52.000 pollos. Unos apoyan la iniciativa y otros están «completamente en contra»

San Miguel del Arroyo, dividido por una macrogranja - Foto: Jonathan Tajes

Los vecinos de San Miguel del Arroyo están viviendo una odisea desde que el Ayuntamiento anunció la posibilidad de instalar una macrogranja para más de 52.000 pollos dentro del término municipal. La mayor parte de los habitantes rechazan esta iniciativa empresarial al entender que «no traerá nada bueno para el pueblo», pero también existe un grupo que está a favor de que este proyecto llegue al pueblo. La situación es complicada y los vecinos viven «asustados» y «divididos» ante esta situación. 
En los bares del pueblo se evita entablar cualquier tipo de conversación al respecto y son pocos los que se atreven a decir de forma pública su opinión al respecto. Eluden cualquier tipo de pregunta sobre este asunto y no quieren decir nada más allá de que sí conocen la iniciativa empresarial, pero que no tienen nada que decir. «Yo no vivo aquí». «Yo no sé nada». «Prefiero no decir nada». «La verdad es que tenemos un alcalde que no ha hecho nada, que pasa de todo, pero eso no lo digas con mi nombre». Son solo algunos de los comentarios que se oyen en las calles.
Casi ningún vecino quiere exponer su opinión de forma abierta. Existe una gran división entre unos y otros y no son pocos los que prefieren mantenerse en el anonimato antes de que los demás conozcan realmente lo que piensa. 
El proyecto sigue su curso y en el caso de que sea capaz de cumplir con todos los requisitos que de marca la legislación podría ser una realidad el próximo año. Se ubicaría a unos tres kilómetros del casco urbano en dirección a Viloria del Henar y tendría capacidad para unos 52.000 animales. Algunos vecinos no ponen objeciones a que se lleven a cabo, mientras que otros consideran que no llevaría nada bueno a la localidad, tan solo «polución y malos olores».  
El alcalde, José Arenal Velasco, mantiene que la licencia no se concede por parte del Ayuntamiento de forma aleatoria para un proyecto de estas características. Aclaró que este tipo de empresas están regulados por la legislación y que nos concede el Consistorio a su antojo. Defendió la idea de que el proyecto se ajusta a la legalidad y, por lo tanto, tiene derecho a continuar los trámites. 
El regidor lamentó que la presión existente sobre el Ayuntamiento han hecho que el secretario municipal haya tomado la decisión de abandonar su puesto y pedir un traslado. «Se marcha este mismo viernes». El equipo de Gobierno tendrá que esperar a que salga de nuevo la plaza para que llegue una nueva persona a ocupar el cargo. 
El equipo de Gobierno no tiene ninguna intención de realizar alguna modificación de las normas urbanísticas que imposibilitará la llegada de la planta. «Existen otras prioridades». El alcalde entiende que desde La Asociación Medioambiental San Miguel en Vivo se ha contaminado la opinión de los vecinos informando de aspectos «que no son ciertos». 
Su presidente, Ramón Velasco, se muestra completamente en contra de la llegada de la planta, ya que entiende que no aportará ningún beneficio laboral a los vecinos y solo traerá contaminación y malos olores. «El alcalde no quiere cambiar las normas urbanísticas. Si lo hiciera ya estaría solventado el problema». Velasco entiende que una ve que se instale esta planta «llegarán otras» y sostiene que los malos olores afectarán al pueblo. 
con normalidad. Las organizaciones agrarias no entienden el rechazo que se ha levantado en los vecinos la petición de licencia para una granja de 52.000 pollos, ya que entienden que es el número mínimo de animales para que una explotación de estas características sea rentable. «Yo creo que hay un sector del pueblo que está mal informado», apunta el presidente de Asaja Valladolid. La misma opinión tiene el presidente de la Cámara Agraria, Ignacio Arias, quien entiende que se debe llevar a cabo, pero ajustándose «a rajatabla» la legislación vigente.