Hace más de siete años que el Gobierno municipal del PP puso en marcha la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid. Un proceso que reinició el nuevo equipo de Gobierno cuando accedió a la Alcaldía, en 2015, y que todavía no se ha completado por la complejidad de la tramitación y por algunos detalles que faltan por pulir. Hace cinco meses de la aprobación provisional en Pleno, pero la definitiva todavía está pendiente, toda vez que la Junta ha instado al Ayuntamiento a corregir algunas «deficiencias» en el texto.
Sea como fuere, lo cierto es que este retraso está provocando la paralización de proyectos empresariales. Al menos eso es lo que denuncian desde la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco). Su presidente, Alberto López, reconoce que lo ha podido comprobar en primera persona. «Me han encargado buscar un suelo para un proyecto y estoy hablando con promotores para comprarlo, pero claro, no se sabe cuál va a ser definitivamente la ordenación de ese suelo, y hasta que no haya seguridad no se va a hacer nada porque es mucho riesgo y hay mucho dinero en juego», se queja.
No es el único caso. López también asegura que hay «alguna actividad que no está relacionada con la vivienda que está pendiente de una reforma para abrir, pero que hasta que no se apruebe el PGOU no lo van a hacer». Además, el presidente de Aveco señala que se trata de una inversión «de cierta importancia». Lo mismo sucede con «algunas promociones de viviendas».
Llegados a este punto, el representante de los constructores aboga por tener un nuevo PGOU, aunque tenga aspectos que no le gusten. Entre ellos está, por ejemplo, la obligación de reservar un porcentaje determinado de viviendas de protección oficial en todos los nuevos planes parciales. López opina que actualmente este tipo de inmuebles no ofrecen una excesiva rentabilidad a los constructores y vaticina que será complicado encontrar empresas dispuestas a construirlas.
Por otro lado, aunque comparte la supresión de las áreas homogéneas en las que estaba previsto que se construyesen miles de viviendas, es partidario de analizar caso por caso y no hacer ‘tabla rasa’. «No soy defensor de las áreas homogéneas porque el desarrollo para llegar allí es carísimo, pero tampoco hay que ser dogmático, porque hay sitios en los que sí que encajaría», asevera. El presidente de Aveco también critica las trabas que tienen las empresas para instalarse, aunque reconoce la buena disposición del Ayuntamiento para negociar posibles soluciones.
La presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, también se muestra crítica con el retraso en la aprobación del PGOU. «Hay empresas que están retrasando la decisión de hacer inversiones o reformas porque necesitan tener una normativa en firme», sostiene. De Miguel se queja de estos «seis años cambiando el plan», una situación que genera «inseguridad jurídica» y «paraliza muchas cosas». La presidenta de la patronal ha recibido quejas de empresas y asociaciones empresariales por este motivo.
CVE creó un grupo de debate hace cuatro años sobre el PGOU en el que participaron varias asociaciones de la sociedad civil. Fue la base para presentar unas alegaciones «interesantes» que fueron denegadas, en su mayoría.