El Ayuntamiento negociará en breve por la parcela del Campus

ICAL
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El alcalde confirma que ya hay un acuerdo entre los propietarios del colegio de El Salvador y a Sociedad de Gestión de Activos

El Ayuntamiento negociará con Sareb por la parcela del Campu

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró este viernes que el Ayuntamiento iniciará en breve las negociaciones con Sareb -Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria- para hacerse con la propiedad de la parcela donde se ubicará la futura Ciudad de la Justicia, después de que el procedimiento de ejecución judicial de una hipoteca iniciada por Sareb sobre los propietarios del colegio de El Salvador haya concluido con acuerdo entre las partes.

Puente explicó que una vez que Sareb comunique que la parcela es de su propiedad y está libre de cargas, se iniciará una negociación a cambio de aprovechamiento en las distintas parcelas que Sareb tiene en Valladolid con la intención de que, en el plazo más corto posible, el Ayuntamiento pueda poner a disposición del Ministerio de Justicia los terrenos del colegio El Salvador. Además, el regidor recalcó que desde hace meses ya existe un acuerdo con la Seguridad Social sobre los terrenos del aparcamiento del antiguo hospital Río Hortega, que también serán cedidos al Ministerio.

El regidor realizó estas declaraciones tras el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincia de Valladolid, Javier Carranza Cantera, que durante su intervención se dirigió al alcalde para reclamarle un impulso al proyecto de la Ciudad de la Justicia, para que deje de ser “permanentemente aplazado”.

El alcalde reconoció que la Justicia tiene un problema en Valladolid por la dispersión de sedes, pero aseguró que “lo que no puede pretender la Justicia es resolver su problema a costa de crear otro a la ciudad”. En este sentido, argumentó que en el caso de haberse materializado el proyecto previsto para la parcela del barrio Girón, la ciudad sumaría un problema similar al que han generado el traslado de la Agencia Tributaria o la sede de la Seguridad Vial, “con más desplazamientos en vehículos, dispersión de equipamientos públicos o el deterioro del tejido comercial del entorno”.



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